Sistema Nacional Ambiental(Sina) 223 estatuto, según el cual deben protegerse la salud y el bienestar no solo de los colombianos de hoy sino también de los“futuros habitantes del territorio na­cional”. En cierta medida, el Código consagró, sin mencionarlo, el imperativo constitucional según el cual el desarrollo debe ser sostenible(Corte Constitu­cional, C-126 de 1998). Así, como lo hemos visto a lo largo de esta obra, el articulado constitucio­nal incluyó la obligación de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación, la función social y ecológica de la propiedad, el desarrollo sostenible como modelo orientador del desarrollo nacional y, por primera vez, el derecho a gozar de un ambiente sano, contemplando para su protección mecanismos políticos, administrativos y judiciales. Esto fue el resultado de la amplia par­ticipación de diferentes actores en el proceso de reforma de nuestra Carta po­lítica, como los pueblos indígenas y afrocolombianos, las ONG e instituciones como el Inderena y el Departamento Nacional de Planeación(Mance, 2008). En síntesis, la transformación en el ordenamiento constitucional colom­biano fue el resultado de las exigencias relacionadas con la necesidad de tener en cuenta las problemáticas ambientales, de hacer posible la descentraliza­ción y de proteger nuestro patrimonio(natural y cultural), lo cual implicó el reconocimiento de deberes a cargo del Estado y de los particulares para el lo­gro de este objetivo y, con ello, la repartición de funciones entre las diferentes instituciones, donde los cambios a estas últimas fueron la respuesta dada por el Estado colombiano a los compromisos y principios adquiridos en el marco de la Conferencia de la Tierra de 1992, como lo veremos a continuación. 2. D escentralización y autonomía institucional ambiental Como mencionábamos en capítulos anteriores, antes de 1991 se hicieron cambios en las formas de organización del Estado, que permitieron que en la Carta política se reconociera la organización de Colombia como una Repúbli­ca descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democráti­ca, participativa y pluralista, lo cual supuso nuevos retos en cuanto a la es­tructura de la administración en todos los ámbitos, incluyendo el ambiental.