Fundamentos del derecho ambiental colombiano 236 Sobre esto último, es imprescindible que las autoridades ambientales re­gionales y locales que adopten medidas ambientales más restrictivas que las existentes en el ámbito nacional invocando el principio de rigor subsidiario expidan actos administrativos suficientemente motivados a fin de justificar de manera clara, transparente y equitativa los fundamentos técnicos y jurídi­cos acerca de las circunstancias especiales y específicas por las cuales fijan dichos estándares de mayor rigurosidad(Herrera-Carrascal, 2020). En ese orden de ideas, la aplicación de este principio debe responder a restricciones que propendan al mejor uso de los recursos naturales, pues de lo contrario se estaría frente a una reglamentación indebida por parte de las autoridades ambientales locales y actuaciones administrativas discrecionales alejadas de sus características y propósitos(Rodríguez et al., 2020). De lo anterior podemos concluir entonces que en nuestra legislación se consagran, además de los principios generales ambientales, los que deben observar y aplicar las entidades territoriales y de planificación ambiental en el marco del desarrollo de sus funciones, para garantizar la protección del entorno y los bienes y servicios ambientales en el marco de la progresividad de la gestión ambiental. 4. C ompetencias del orden nacional , regional y local La Ley 99 define al Sina como el“conjunto de orientaciones, normas, activi­dades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales”, estando integrado, como vimos, por diferentes componentes. López-Dávila(2017) afirma que el Sina acoge el con­cepto de sistema correspondiente a un“conjunto de cosas o partes coordina­das según una ley, o que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objeto o función”(p. 37). De esta manera, las entidades y organizaciones vinculadas al mismo deben actuar de forma sistemática y articulada, entre sí y con otros actores, para alcanzar el desarrollo sostenible, conforme con los principios establecidos en el ordenamiento jurídico y los recursos que les confiera la ley, como se muestra en el esquema 1.