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Fundamentos del derecho ambiental Colombiano
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Las autorizaciones ambientales como mecanismo de planificación 419 2. D e las licencias ambientales Por licencia ambiental se entiende la autorización que otorga la autoridad ambiental para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que puede ge­nerar deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o in­troducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Se trata entonces de un acto administrativo en el que la autoridad competente, en ejercicio de funciones administrativas, manifiesta su voluntad, en aras de garantizar la protección y conservación de los recursos naturales y del entorno. Ahora bien, conviene aclarar que si bien los permisos, las autorizaciones, concesiones y asociaciones están llamados a permitir o no la utilización, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, las licencias ambientales tienen como fin vigilar y controlar grandes proyectos, obras o actividades en relación con los recursos naturales que se requieran utilizar. En este escenario, las autoridades ambientales consideran el licencia­miento ambiental como un proceso utilizado para la planeación y adminis­tración de proyectos que asegura que las actividades humanas y económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y de recursos y, de esta forma, es un mecanismo clave para promover el desarrollo sostenible. Con base en lo anterior, podemos advertir que la licencia ambiental es una manifestación concreta y es la respuesta de la administración a quien se encuentra interesado en desarrollar un proyecto, una obra o una actividad que puede generar impacto ambiental, el cual debe ser evaluado mediante un procedimiento técnico y administrativo tendiente a identificar, prevenir, compensar o mitigar los impactos adversos y las afectaciones a la salud hu­mana y a la calidad de vida. De ahí que la autoridad competente, mediante el proceso de licencia­miento ambiental, evalúa los posibles impactos que los proyectos, obras o actividades puedan generar, constituyéndose este en uno de los principales instrumentos de planificación ambiental que responde al nuevo rol del Esta­do, que según la Constitución política se encuentra investido de facultades