Sin embargo a principios de los noventa, la realidad energética global demandaba una mayor eficiencia en todos los ciclos y procesos que debían regir el funcionamiento de cualquier industria petrolera, por lo cual se promovió la instauración de una Comisión Energética que, basada en lo estipulado en el segundo párrafo del Artículo 5 de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, vigente en esa fecha y que establecía que“En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes de su propiedad podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada”, terminó constituyéndose en la base fundamental que permitió la posterior materialización de convenios operativos con empresas privadas, para los siguientes fines: reiniciar la producción de crudos en campos petroleros inactivos; la creación de asociaciones estratégicas entre Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima(PDVSA) y socios internacionales para la extracción y mejoramiento de crudos pesados y extra pesados de la faja petrolífera del Orinoco y; el desarrollo de la modalidad de contratos de ganancia compartida, que consistían en la exploración de nuevas áreas con empresas que se encargaban de explorar el bloque asignado a su propio riesgo, con el compromiso de aceptar que PDVSA podría luego asociarse para la explotación de las reservas que allí fuesen encontradas. La alta polarización social en el país y la escasa capacidad de organización, incidencia y participación de la sociedad civil en las decisiones sobre políticas públicas, son factores que limitan la discusión de un nuevo orden de prioridades que, entre otros elementos, supedite eficientemente los recursos provenientes de nuestra renta petrolera a la resolución de los problemas que afectan a la mayor parte de la población. Al solo asignar migajas, los programas gubernamentales se han caracterizado por dar respuestas inmediatistas y asistencialistas y no han aportado a la creación de capacidades y oportunidades, no han promovido la sustentabilidad ni han tenido en cuenta en su diseño y ejecución aspectos esenciales como la mejora sustancial de la calidad de vida de los venezolanos. Es por ello que consideramos que durante esta administración se ha potenciado el capitalismo estatal y rentístico en Venezuela. En virtud de lo anterior nos inclinamos por el desarrollo de un nuevo paradigma petrolero para Venezuela, que nos permita estar conscientes de las enormes oportunidades económicas que nos puede aún brindar el petróleo como palanca para abatir la exclusión social y la pobreza y la gigantesca responsabilidad que entraña el hecho de tener en nuestro subsuelo un recurso energético vital para el destino de la humanidad en las venideras décadas. Algunos principios rectores de la política energética actual La concentración de actividades de todo tipo que durante los últimos años ha asumido Petróleos de Venezuela, la han convertido en una especie de gran tienda por departamentos, regentada por una suerte de reyezuelo. 3