Es conveniente recordar al gobierno nacional, tomar las previsiones urgentes para poder paliar el impacto de las medidas económicas que deberá instrumentar cuando caigan los precios del petróleo y reducir el efecto devastador que causarán en los sectores más necesitados de nuestra sociedad. La pregunta que cabe hacerse es, ¿será capaz el gobierno de ajustar el gasto público ineficiente que durante todos estos años ha estado acostumbrado a llevar? Por lo pronto, nos cuesta trabajo pensar que el gobierno tenga la capacidad de reflexionar sobre este tema. Posibles escenarios de desenlace PDVSA va a estar muy limitada en los próximos años para aumentar su capacidad de producción. Y es que con precios a 70 y a 80 dólares por barril y con el beneficio inmediato colateral que tiene el Gobierno derivado de la colaboración de PDVSA que ya no es como se decía anteriormente, que PDVSA era un Estado dentro del Estado. Ahora la empresa se tragó al Estado, entonces desde el punto de vista de país petrolero, a la larga no vamos a crecer en reservas probadas, no vamos a crecer en producción y simplemente el deterioro de la infraestructura petrolera del país va a ser progresivo, tal y como viene siendo. La industria petrolera venezolana ha venido sufriendo intensos contratiempos por problemas laborales(muchos generados por las expropiaciones realizadas contra decenas de compañías asociadas a la industria), como lo es el retroceso de 12,2% en la inversión para mejorar la producción(cifra también publicada por el Ministerio) de al menos 70 pozos, en su mayoría viejos y de difícil mantenimiento. Sobre los hombros del petróleo se ha puesto también el peso de un gasto social enorme, que en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012 amenaza con aumentar más. Para financiar el“Socialismo del Siglo XXI” el gobierno venezolano ha adquirido compromisos que conforman, según cifras del Fondo Monetario Internacional, una deuda total(interna más externa) de 36,35% del Producto Interno Bruto. Ese monto contrasta con la cifra oficial, pues el Ministerio de Planificación exhibió la semana pasada ante el parlamento venezolano como deuda total un monto que compromete solo el 18,6% del PIB nacional. El gasto se evidencia en inversión directa en programas sociales, pero también en la venta de bonos que le otorgan al Estado dinero fresco inmediato con el compromiso de retornarlo, con creces, en el corto y mediano plazo. El financiamiento de ese modelo político ha significado una reconcentración de competencias en manos del gobierno al iniciar una agresiva campaña de expropiaciones que ahora le reporta el manejo de cementeras, empresas eléctricas, de telefonía, bancos y casi 50% de la cadena de distribución de alimentos a cambio de dolorosas cargas: pagos que desembolsa muy lentamente, compromisos laborales que engrosan la deuda pública mes tras mes y el temor de los emprendedores que poco quieren saber de invertir en Venezuela. 9