Resumen ejecutivo Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias no basta con un marco constitucional y legal que lo consagre. Se requiere de una arquitectura institucional que posibilite, por un lado, la cabal aplicación y cumplimiento de las leyes y, por otro, que sea capaz de concebir y gestionar eficazmente políticas y programas dirigidas a disolver, gradual y sostenidamente, las causales estructurales y fenoménicas de esta problemática cuyas repercusiones sociales, culturales, éticas y económicas son tan importantes como difíciles de dimensionar. En el presente documento la autora analiza las responsabilidades que en esta materia, deben asumir las distintas ramas del poder público y los distintos niveles de gobierno, identifica las debilidades que obstaculizan su cumplimiento y elabora un conjunto de recomendaciones para su fortalecimiento. Este esfuerzo, limitado sin duda por las consabidas dificultades de acceso a información oficial sobre las actuaciones, metas y logros de las múltiples instituciones que deberían abocarse al tema, tiene como propósito central informar a la ciudadanía en general y a las comunidades organizadas en particular, sobre las instancias involucradas directa o indirectamente con la prevención, atención, judicialización y, en fin, con la mitigación de las diversas formas a través de las cuales se ejerce la violencia contra la mujer venezolana. Sin una ciudadanía bien informada, organizada y movilizada para denunciar este delito y exigir los derechos constitucional y legalmente consagrados, difícilmente se concretarían las reformas institucionales requeridas para responder enérgica y eficazmente a esta problemática. Responsabilidades institucionales para la garantía de las mujeres a una vida libre de violencias Responsabilidades del Poder Legislativo Las responsabilidades del Poder Legislativo en el tema de las violencias contra las mujeres están asociadas con las funciones que dicho órgano está obligado a cumplir de acuerdo con la división institucional del Poder Público Nacional. La primera de estas funciones está referida a la formulación de leyes destinadas a regular la materia, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados, pactos y convenciones de Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República. Ciertamente y en el marco de dicha función, se incluyen los procesos de revisión, enmienda y reforma de leyes existentes, así como aprobar por ley nuevos tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional a favor de la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razones de género. Es importante destacar que dichos pactos y convenios tienen jerarquía constitucional y de aplicación inmediata y directa por Tribunales y órganos del Poder Público. En tal sentido, uno de los tratados más emblemáticos que, por su contenido, es usualmente utilizado como referencia, está representado en la Convención para la Eliminación sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW, siglas en inglés). Esta Convención asume como discriminación“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 1