Líneas estratégicas para la defensa de la descentralización Hasta el presente, el proceso de centralización y el avance hacia un modelo de sociedad de rasgos autocráticos ha venido avanzando sin mayores obstáculos, entre otras razones por la situación de debilitamiento en la que se encuentra el sistema político, lo cual viene dándose desde hace más de una década y en la cual influyen visiones y comportamientos anti políticos que actualmente adoptan un perfil autoritario; la falta de independencia de los poderes públicos que limitan el acceso a la justicia y crean una situación de permanente impunidad; así como una más profunda descomposición del Estado que impide a las instituciones dar respuestas a los problemas más críticos de los ciudadanos y a éstos reclamarlas. Delante de las consecuencias regresivas de las medidas de centralización y las graves restricciones que ellas traen para el sistema político y los derechos humanos, es necesario trabajar en un conjunto de líneas estratégicas para la defensa de la descentralización. Para ello, es preciso verla como un marco para garantizar más ampliamente las obligaciones del Estado con el bien público y los derechos de la población, mediante el acceso estable y sostenido de los ciudadanos a bienes y servicios provistos por los gobiernos estadales y municipales, y la apertura de espacios de poder para que éstos puedan intervenir en decisiones públicas que respondan a sus necesidades y demandas. Entre estas líneas estratégicas se encuentran: Asumir plenamente las potestades y competencias emanadas de la Constitución, haciendo prevalecer ante todo los derechos de la gente Haciendo valer las garantías constitucionales en materia de descentralización, los gobernadores y alcaldes electos pueden promover y construir una agenda para el desarrollo de la descentralización, que parta de las potestades y competencias exclusivas y concurrentes establecidas en el marco constitucional. Muchas de las debilidades y amenazas a la descentralización se producen cuando las propias autoridades estadales y locales no asumen su rol en el cumplimiento de las disposiciones que dicta la Constitución de 1999. A gobernadores y alcaldes corresponde hacer cumplir la Constitución que abarque el pleno ejercicio de sus potestades y la gestión de competencias con los recursos necesarios. Los gobiernos estadales y municipales cuentan con un conjunto de mecanismos legales que favorecen la descentralización y la coordinación de la actividad de las distintas entidades político-territoriales. En este sentido, el fortalecimiento y la modernización de los sistemas de planificación, de presupuesto y de control de gestión constituyen elementos estratégicos para elevar sustancialmente la capacidad de gobierno de estas entidades; así como la adecuada articulación de los proyectos contemplados en la planificación operativa anual, para su financiamiento. En esta dirección es fundamental que los gobernadores y alcaldes cumplan con sus responsabilidades en la formulación de los planes de desarrollo estadal y municipal, y asuman la defensa de los recursos que por ley corresponden a los estados y municipios para ejecutar estos planes. Es también indispensable rescatar y poner en pleno funcionamiento las instancias de coordinación y planificación intergubernamentales como el Consejo Federal de Gobierno(El previsto en la Constitución, como instancia de coordinación intergubernamental), los CEPLACOP y los CLPP, con participación de la sociedad organizada, además de apoyar y fortalecer el trabajo que vienen haciendo los Consejos Comunales, manteniendo su autonomía como voceros de las comunidades. Impulsar acuerdos políticos y sociales en materia de descentralización ligados al desarrollo de competencias exclusivas y concurrentes La construcción de una agenda para el desarrollo de la descentralización debe partir de amplios acuerdos políticos y sociales sobre materias en las que los estados y municipios tienen competencias concurrentes(principalmente en los ámbitos salud, judicial, penitenciario y electoral) y donde tienen un 9