la canalización del mismo, la reparación y construcción de aliviaderos, así como de todos aquellos sistemas conjuntos de colectores marginales y drenajes primarios que envuelvan varias jurisdicciones municipales. En cuanto a la gestión comercial, ésta debería ser asumida por cada municipio, a través de los entes descentralizados en quienes delegue la tarea, cancelando a HIDROCAPITAL el consumo global en bloque. De esta manera, la necesidad de elevar la micro medición y reducir la proporción de agua no contabilizada dejaría de ser una tarea tan compleja y quedaría en manos de los gobiernos locales, los cuales, en última instancia, deben atender problemas inherentes a la informalidad y control urbano que, a la postre, inciden directamente en las faenas de micro medición. Los municipios ya manejan – o deberían hacerlo- el catastro municipal, y tienen funciones de cobranza similares para facturar la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos, y para el cobro de impuestos y rentas municipales. Por su parte, la gestión comercial de HIDROCAPITAL se simplificaría, pudiendo contabilizar y cobrar en bloque a 17 usuarios, en este caso, a 17 municipios. También HIDROCAPITAL podría solicitar erogaciones adicionales a los municipios y a grandes consumidores de agua para compensar desequilibrios territoriales, tales como pagos por servicios ambientales a quienes mantengan las cuencas del río Guárico, el sistema de parques nacionales, y para descontaminar la cuenca del río Tuy, entre otras tareas que urge realizar, pero para las cuales actualmente no existen recursos presupuestarios. Existe el riesgo de que los municipios, al entregar en concesión las redes de agua potable y saneamiento, provoquen un aumento desmedido de tarifas, atentando así contra el derecho de acceso al agua; esta es una amenaza real, pues existen muchos casos en América Latina donde ello ha sucedido. Sin embargo, este tema debería abordarse ponderadamente, sin descartar a priori mecanismos que puedan hacer más eficiente y accesible la prestación del servicio. Siempre será posible mantener una mayor responsabilidad desde el Estado para la fijación de políticas de manejo del sector, evitando delegar totalmente en el sector privado la responsabilidad de la gestión del agua. Si los municipios tienen claro que en los asentamientos informales pobres las respuestas deben ser inmediatas y con sentido de corresponsabilidad; si se pudieran adoptar criterios de subsidio en las tarifas, y si fuera posible pensar en esquemas de manejo en los que se promueva la coexistencia de grandes y pequeños operadores, se ganaría mucho en la eficacia y en la gobernabilidad del sector. El rol de las comunidades organizadas en la superación del problema Las fórmulas autogestionarias creadas por el Gobierno Nacional para el manejo del agua(Mesas Técnicas de Agua) y para el manejo del hábitat(Consejos Comunales), deben interactuar con los gobiernos municipales para cumplir cabalmente su misión. Si se desea integrar a las comunidades en la prestación de servicios sanitarios y en la gestión del hábitat, es necesario tener al municipio como 17