la existencia, al menos en América del Sur, de gobiernos que aspiran a sustituir al neolibera­lismo por modelos de desarrollo productivos revolucionarios o de reformas estructurales duras. Por ello, la pla señala claramente que, para la implementación de políticas de desa­rrollo, es fundamental la participación de los movimientos sociales, los sindicatos y las or­ganizaciones empresarias identificadas con el desarrollo, al igual que la organización de los partidos políticos afines a los intereses del mundo del trabajo. Se menciona la necesidad de construir un«nuevo consenso democrático con soberanía popular», con alcances no solo nacionales, sino subregionales y hemisféricos. En síntesis, la primera novedad interesante de la pla es que concibe a la política como la gran articuladora de las sociedades, que re­alza el rol del Estado a través de políticas pú­blicas de desarrollo, al tiempo que reconoce a las economías de mercado como motores del desarrollo integrado y señala que la sociedad civil no es una construcción artificial del Esta­do, sino su fundamento autónomo. La pla analiza qué modelos de desarrollo re­sultan positivos para los países de la región en el marco de la economía global y de la creciente liberalización e integración de los mercados nacionales. En la sección«Por una nueva economía que impulse el desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo de­cente y al trabajo digno», se proponen 20 me­didas para avanzar en estos objetivos básicos. En esta área, la pla menciona el requisito bá­sico de una economía política de desarrollo, que consiste, por un lado, en considerar el de­sarrollo como el fundamento del crecimiento económico sostenible y, por otro, en resaltar la interdependencia entre la economía política y el mundo del trabajo. Los intereses y las de­mandas legítimas del mundo del trabajo son parte fundamental de la economía política del desarrollo. Se trata, en síntesis, de«garantizar una so­ciedad sin excluidos», haciendo realidad los objetivos sociolaborales de la plataforma. En ese sentido, la pla es también novedosa pues incluye una propuesta para elaborar indicado­res económicos y sociolaborales que permi­tan medir los progresos u obstáculos alcan­zados. La agenda de la oit Paralelamente a la pla , la oit ha elaborado y difundido un estudio titulado«Una agenda he­misférica para promover el trabajo decente en América Latina y el Caribe». Se trata, por su carácter innovador, de un documento de rele­vancia. Propone políticas laborales y sociales específicas y establece mecanismos de segui­miento, para que el trabajo recupere progresi­vamente su centralidad en un contexto regio­nal de alto crecimiento económico, pero con estancamiento en la productividad, además de la persistencia de un alto porcentaje de po­breza. Este nuevo contexto está caracteriza­do, también, por los cambios políticos promo­vidos por varios gobiernos de América del Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela) en favor de la recuperación de la capacidad del Estado para organizar las eco­nomías de mercado, lo que incluye políticas públicas dirigidas a incrementar el crecimien­to económico en el marco de un desarrollo sustentable y con empleos decentes. El problema, como indica el documento de oit , es que se registran retrocesos sociales y laborales al tiempo que se comprueban pro­gresos en la democracia política o electoral. Por lo tanto, para crear empleos decentes es central poder avanzar en la dimensión social de las relaciones laborales sistematizada en los derechos fundamentales del trabajo for­mulados por la oit . Se trata de un objetivo que se integra armoniosamente con la meta histó­rica de la sociedad del trabajo. Fortalecer la democracia implica instalar democracias polí­ticas, económicas y sociales en los países de la región. El documento de la oit sostiene que la polí­tica será el factor decisivo para lograr un di­seño correcto y una adecuada aplicación de las herramientas técnicas que permitan gene­rar empleo decente en mercados de trabajo