y discrecional los ingresos fiscales(petroleros o no); ciertamente, esto maximiza su poder ante el ciudadano y su relación de dominación sobre la sociedad. En la última década, el gasto público(privatizado) ha sido fundamentalmente orientado hacia el gasto corriente mediante una expansión inusitada del tamaño del Estado, el financiamiento de estructuras paralelas(misiones) en casi todos los ámbitos de la acción tradicional del gobierno-sobre todo en salud y educación-, el financiamiento de la actividad partidista de los distintos partidos políticos que han sido oficialistas, exportación del modelo político del actual gobierno hacia otros países y mantenimiento de los gobiernos de países que han asumido ser satélites de Venezuela, bajo la fachada de la integración latinoamericana. Una de las consecuencias más importantes de estas políticas en el manejo y gasto de la renta petrolera ha sido la caída sensible de la inversión pública en obras y empresas que tengan un efecto económico multiplicador. El gran desafío de la Venezuela del Siglo XXI: Institucionalizar el uso de la renta petrolera y erradicar la dominación del Estado sobre el ciudadano Ante todo, la administración de la renta petrolera en Venezuela debe dejar de ser un proceso signado por la discrecionalidad del Estado(particularmente el Ejecutivo Nacional) o de un individuo. Deben desaparecer las“veredas”“subterfugios” o “atajos administrativos” para su manejo y debe erradicarse la influencia de fuerzas partidistas, sectarias, personalistas que conllevan inevitablemente a la privatización del Estado y de sus ingresos. Todo ello, independientemente de las motivaciones o justificaciones, sinceras o no. El primer paso en esa dirección es promover en la Nación los cambios políticos necesarios para la desprivatización del Estado y la eliminación de las prácticas de Apartheid político predominantes. A partir de ello, se debe promover la construcción de una arquitectura institucional que elimine la discrecionalidad del Estado en la administración de la renta y que fortalezca a los otros poderes públicos(legislativo, judicial y contralor) que deben ejercer controles sobre el Ejecutivo. No obstante, para ello es necesario volver a una concepción genuinamente republicana y federal del Estado y a una concepción democrática del Gobierno Nacional. El Estado republicano, federal, descentralizado y social de derecho y el gobierno democrático deben asumir la correspondiente imparcialidad, necesaria para gobernar en beneficio de la Nación y no de un proyecto o parcialidades políticas. Es decir, debe darse paso al surgimiento del Estado Imparcial. En segundo lugar, el regreso al Estado republicano, federal y social de derecho debe permitir la creación de un esquema político-administrativo que regule la 5