Antecedentes A lo largo de las últimas décadas, la educación venezolana ha sido objeto de reflexión por parte de variados sectores de la vida del país. Académicos, investigadores, docentes, políticos, padres y representantes y miembros de la sociedad civil vinieron alertando, a lo largo de los años, sobre las tendencias regresivas que manifestaba el sector educativo tanto en lo relativo al crecimiento paulatino de niños, niñas, adolescentes y jóvenes excluidos del sistema educativo como a la deficiente calidad de los aprendizajes y a la necesidad de incorporar a la educación metodologías alternativas y complementarias a las tradicionalmente practicadas. Numerosas señales hablaban de la pérdida de vigencia y de efectividad de las instituciones educacionales para cumplir con éxito el papel que socialmente tenían asignado. La interrogante que parecía estar presente –y que en cierta manera aún se mantiene- era: ¿Cómo generar una educación para todos y todas, pertinente, de calidad, dentro de parámetros de convivencia democrática, que asegurara el desarrollo humano e integral de las personas, que contribuyera con la formación de ciudadanía, que respondiera a los desafíos que planteaban los problemas de crecimiento, desarrollo económico sustentable, convivencia pacífica y favorecieran la consolidación de valores éticos, democráticos y solidarios en beneficio del conjunto del país? Este pareció constituir el problema a partir del cual se intentarían rediseñar alternativas de políticas públicas que apuntaran hacia el logro de esos propósitos. Es así como las propuestas de reforma educativa venezolana se asentaron en la ampliamente reconocida necesidad de producir un cambio paradigmático, con lo cual la educación se concibe orientada hacia el descubrimiento, la construcción de conocimiento y la práctica saberes –conocer, hacer y convivir- y, dirigida al logro de inclusión, equidad e igualdad de todos y todas al disfrute de sus beneficios, teniendo como norte la construcción de condiciones para asegurar el derecho a educarse a aquellos segmentos históricamente excluidos del sistema educativo, en el cual se aspira sustituir la búsqueda de desarrollo económico por la búsqueda de desarrollo humano, ecológico y sustentable Una vez sancionada la nueva Constitución Nacional, en el año 2001, en el contexto de los procesos de cambio que se estaban impulsando en el país, la Asamblea Nacional dio inicio a la revisión de de la Ley Orgánica de Educación; proceso que se vio acompañado de un intenso debate y de no pocas controversias entre amplios sectores de la vida nacional. El cambio de paradigma, al que se ha hecho referencia, supone transformaciones significativas con implicaciones en los valores de convivencia, en los modos de concebir la sociedad y por consiguiente, en los objetivos que se persiguen. A pesar de que el Anteproyecto de Ley preparado por la Asamblea Nacional no desarrolló explícitamente su visión del desarrollo humano desde el punto de vista educativo, puede considerarse un aporte innovador con respecto a la 3