Situación actual de las políticas de empleo en Venezuela En Venezuela la política laboral se ha implementado de manera específica e independiente de la política económica, por lo que las deficiencias de la segunda se ven finalmente reflejadas en la primera. Esto explica el por qué las políticas laborales no se traducen en la mayoría de los casos en programas concretos. Es por ello que los planes de empleo normalmente no superan el nivel macro de la planificación de los planes de la nación y, en consecuencia, no pasan de un intento por controlar la demanda agregada de bienes y servicios con aumentos de la inversión pública y ampliación de la oferta de empleo público. Una revisión un poco más detallada de las políticas de empleo adoptadas en el país, permitiría clasificarlas en: • Políticas que intentan mejorar el equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo con la promoción de servicios de empleo adscritos al ministerio del trabajo. • Medidas orientadas al fortalecimiento de la oferta de mano de obra a través de la capacitación. • Políticas orientadas a facilitar una mejor inserción de la oferta de mano de obra en actividades productivas; es aquí donde entran los grupos definidos como vulnerables anteriormente: jóvenes y mujeres. Políticas de empleo desde 1998 Ya desde la propuesta electoral del actual presidente, la política de empleo no puede catalogarse como“prioritaria”. Sin embargo, desde los primeros años de gobierno se implementaron un conjunto de programas que promovían el empleo temporal que intentaban paliar las altas tasas de desempleo de esos años(alrededor del 14 y 15% entre 1999 y el 2002 lo que se traducía en 1.4 a 1.7 millones de desocupados), tasa que no fue impactada por estos intentos. En esta administración se ha priorizado la autogeneración de empleo, pero no el empleo productivo ni políticas para el empleo asalariado. Esto a su vez se alinea con una política económica orientada a la estatización, a la profundización del modelo económico sustentado en la renta petrolera y a la limitación de las iniciativas privadas. Esta orientación de políticas se enmarca dentro del tercer tipo de medidas “orientadas a facilitar la inserción de la oferta de mano de obra” y en algunos casos de capacitación. Una muestra de esta tendencia es la creación de un gran número de entidades para el otorgamiento de microcréditos, así como de capacitación y de emprendimiento: Fondo de desarrollo microfinanciamiento(FONDEMI); Banco del Pueblo Soberano; Programa “Monta tu Negocio”; Programa“Fábrica de Fábricas”; Programa avanzado de capacitación para el desarrollo de tecnología de negocios; Programa Plan Zamora; Misión Piar y Misión Vuelvan Caras. Además de la promoción del autoempleo, de los microempresarios y de cooperativas, entre los intentos de mejorar el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra se encuentra el decreto de Inamovilidad Laboral implementado desde el año 2002 que prohíbe despedir trabajadores con salarios relativamente bajos. Adicionalmente, el número de entes que fiscalizan la actuación del sector privado aumentó de forma sorprendente desde el año 2009; de 15 se pasó a 37 entes fiscalizadores. Por otro lado, la legislación también ha aumentado con las siguientes leyes: Ley de Cooperativas(2001); Ley de Control de Precios(2003); Ley de Control de Cambio(2003); 8