Caracterización de las relaciones Estado-sociedad civil durante el programa democrático El fin de la dictadura militar en 1959, de la cual fue emblemático el gobierno de Marcos Pérez Jiménez(1952-1958), dio inicio a una nueva era política para la Nación. El experimento del Trienio Adeco tuvo una nueva oportunidad para que el programa político democrático volviera a convertirse en ideología predominante y para motivar el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Las versiones socialdemócratas y socialcristianas, ganan el espacio suficiente para convertirse en las referencias ideológicas más relevantes por cuatro décadas. Mientras cambia la estructura del Estado, de fácticamente dictatorial a teóricamente republicano, federal y representativo y, la del gobierno, de personalista a presidencialista y de tendencia democrática, también cambiaron las características de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La relación continuó siendo de dominación por parte del Estado, pero matizada por las sutilezas que el juego político de pretensión democrática, obligaba a considerar. La nueva era política de la Nación comporta, primero que todo, un cambio en cuanto al tipo de actor que pugna por la conquista y colonización del Estado. Ya no serían caudillos o personalidades, sino que serían los partidos políticos, con estructuras consistentes, los que lo harían a través de la institución democrática de las elecciones. Éstos, los partidos-y de manera relevante Acción Democrática y COPEI-, se convirtieron en los nuevos conquistadores y colonizadores del Estado venezolano y, a su vez, en la entidad intermediaria de éste y la sociedad. Paulatinamente, la sociedad civil se partidiza para poder relacionarse beneficiosamente con el Estado. Quien no milita o simpatiza con algún partido, no recibe el privilegio de la intermediación y, por ende, acceder a los beneficios públicos(que no sean los que el Estado decide entregar a todos por igual), se hace mucho más difícil. Todos los sectores y fuerzas vivas sociales(trabajadores, sindicatos, empresariado, profesionales, etc.) se ven obligados(por la intermediación de los partidos) a adherirse a alguna corriente partidista de las predominantes. Sectores que deberían ser autónomos con respecto al Estado y los partidos, por representar intereses propios de su grupo o clase-como los sindicatos-, se convierten en apéndices de los partidos, perdiendo con ello la autonomía de criterio necesaria para librar la lucha por sus intereses. La creciente renta petrolera y el significativo grado de autonomía que ésta le confiere al Estado, por no depender de la productividad y los impuestos de los ciudadanos, hace de los partidos que lo administran interlocutores clave entre la sociedad y el Estado todopoderoso. En tal sentido, el Estado sigue contando con todos los recursos necesarios para proseguir-sin que se vea evidente como en periodos anteriores de mayor autoritarismo-, la dominación sobre la sociedad civil y sobre los ciudadanos. Para la nueva y prolongada era política de la Nación signada por el aparente predominio 6