• La amplia participación del Estado en la economía reduce la iniciativa privada, el desarrollo de nuevas capacidades para la generación de riqueza, la innovación y el lucro ético de la sociedad civil. • Históricamente, el gasto del Estado se ha orientado, en buena medida, hacia su propio crecimiento sin calidad, ni de gestión ni en beneficios para quienes emplea. La concepción estatista que desde el Estado se ha tenido de la Nación, ha conllevado a un crecimiento sustancial de su personal, un aumento exponencial de las demandas por mejores salarios y beneficios y una incapacidad manifiesta para satisfacerlas. • El desempeño empresarial del Estado ha tenido, hasta ahora, resultados predominantemente negativos. La mayoría de las empresas estatales tienen balances financieros insatisfactorios, requieren de altas dosis de subsidios, carecen de cultura de costos, planificación de la inversión para la expansión y utilidades netas inexistentes o precarias. Propuestas de cambio: El Estado al servicio de la ciudadanía Históricamente-y hasta el presente- las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en Venezuela han sido sustancialmente asimétricas, tanto en lo político como en lo económico. El Estado ha contado con todos los recursos-incluyendo al ciudadano mismo- para ejercer el poder político más allá de sus competencias, dentro de un marco institucional que ha pretendido ser republicano, desde la misma gesta emancipadora; y democrático, desde la segunda mitad del siglo XX. También ha contado con esos mismos recursos para monopolizar la explotación de las principales fuentes de riqueza de la Nación y administrar discrecionalmente los beneficios derivados de ésta. Los avances que ha tenido la Nación en materia de instituciones promotoras de las libertad cívica a lo largo de los últimos doscientos años de pretendida vida política republicana, y los progresos en términos de desarrollo económico resultan, a la luz de la realidad de otras naciones con menores recursos que los nuestros, insuficientes e inaceptables. En tal sentido, es imprescindible e inaplazable realizar un conjunto de cambios de los paradigmas político y económico predominantes y que signan el comportamiento del Estado y de la sociedad civil. En el ámbito político, se propone redimensionar la condición republicana del Estado, lo cual implica una estructura y acción gubernamentales imparciales para poder garantizar su condición de genuinamente público. Esto también disminuye las posibilidades de la“privatización” del Estado, cuando quienes lo administran orientan sus acciones hacia la satisfacción de intereses partidistas, de clase o grupo. Sin aspirar a la utopía de la imparcialidad absoluta del Estado, se pretenden, al menos, niveles considerables de ésta. Adicionalmente se requiere: 10