junta directiva a presentar declaración jurada de bienes, lo que se ha entendido que ésta debe ser efectuada ante la Contraloría General de la República 4 (artículos 95 y 293.6). Por otra parte, la Constitución garantiza la preeminencia de la protección de los derechos humanos(artículo 2). El Estado Social de Derecho y Justicia tiene el deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Expresamente se ordena aplicar los tratados de derechos humanos, incluso por encima de las normas constitucionales, en el caso que prevean regulaciones más favorables que las contenidas en el texto constitucional(Arts. 19 y 23). Es el caso de la libertad sindical, consagrada como derecho humano en el artículo 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero sin duda, el Convenio Internacional Nº87 sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) es la regulación más favorable a un ejercicio pleno de la libertad sindical, lo que se complementa con el Convenio Internacional Nº 98 sobre negociación colectiva. La estrategia para enfrentar las limitaciones al ejercicio de la libertad sindical, en todas sus manifestaciones, es decir, en la vida de la organización sindical, en la negociación colectiva, en el diálogo social y en particular en el ejercicio del derecho a huelga, debe utilizar esas normas internacionales y los mecanismos previstos para la denuncia de su violación, tanto ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos 5 como ante los órganos de la OIT. Los mecanismos internacionales para la protección de la libertad sindical Existen varias instancias que pueden ser utilizadas para denunciar las violaciones a la libertad sindical. El más conocido es el Comité de Libertad Sindical de la OIT, pero también se pueden presentar reclamaciones ante el Consejo de Administración, cuando se considera que el Estado no cumple un convenio ratificado, incluso el CI Nº87 sobre libertad sindical. En el caso venezolano, se podría presentar un reclamo por la obligación que ha impuesto el Estado empleador a los empleados públicos de trabajo“voluntario” o los donativos para la campaña electoral de un día de salario. Los gobiernos tienen la obligación de presentar cada cierto tiempo informes de los convenios que han ratificado ante la Comisión de Expertos en Aplicación y Recomendaciones. Los sindicatos pueden hacer llegar sus propios informes sobre los incumplimientos del gobierno, ya sea en su condición de empleador o como órgano estatal que no genera programas para la implementación del convenio o su falta de acción para sancionar las violaciones que cometen los empleadores privados. Las violaciones a la libertad sindical también pueden ser denunciadas ante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, si la denuncia del Tratado de San José por parte del gobierno venezolano se hace efectiva, se perderá la posibilidad de recurrir a dicha instancia. Por tanto, si bien es cierto que en el ámbito interno se tropieza un marco normativo y un sistema de administración de justicia, sobre todo el penal, que dificulta el ejercicio de la libertad sindical es imprescindible comenzar a diseñar una estrategia que permita ir documentando las violaciones a la libertad sindical que permita presentar casos muy bien 4 Una interpretación más compatible con la autonomía sindical es que dicha declaración debe ser presentada ante un órgano interno del propio sindicato. 5 Venezuela, el 10 de septiembre de este año denunció la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo cual implica que dentro de un año no se podrán utilizar los mecanismos previstos para la protección, pero solo por hechos posteriores a la denuncia. 2