utilización inapropiada de ellas, empresas uni­personales, etc.). La segunda línea fue la pri­vatización de los regímenes de pensiones que se produjo en doce países latinoamericanos –Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, México, Bolivia, El Salvador, Perú, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana–, aunque no llegó a implementarse en todos ellos. Los objetivos declarados de estas reformas eran aumentar la competitividad económica, el empleo y la cobertura de la seguridad so­cial. Ninguno de ellos fue alcanzado, lo cual no impide que muchos las sigan defendiendo, dado que los objetivos reales eran otros, estos sí conquistados, como generar una transfe­rencia regresiva del ingreso. Pero pese a los defensores que aún existen, la falta de resultados profundizó y amplió las crí­ticas hacia las reformas. A los cuestionamien­tos que siempre se habían generado desde el ámbito del derecho del trabajo y el movimien­to sindical, comenzaron a sumarse otros, pro­venientes de las organizaciones internaciona­les y de algunos economistas. Ya en los años 90, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico( ocde ) reconoció que las reformas flexibilizadoras no habían conse­guido mejorar el nivel de empleo. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo( oit ) creó la noción de«trabajo decente», que impli­ca superar la mera preocupación cuantitativa, centrada en la creación de cualquier tipo de empleo, para focalizarse en la calidad de éste. En el campo de la economía, es de destacar la opinión del secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas( onu ), José Antonio Ocampo, quien, en una confe­rencia dictada en Ginebra a fines de 2006, hizo un fuerte cuestionamiento a las políticas económicas implementadas en América La­tina, precisamente por marginar las políticas sociales y laborales. Claro que no alcanza con las críticas decla­rativas para dar por superada una etapa. Lo interesante es que se pueden percibir indicios de un cambio en la realidad de las políticas laborales en América Latina. Algunos indicios de cambio En nuestra opinión, la idea de que se está pro­duciendo un cambio se puede verificar en las áreas del derecho del trabajo y la seguridad social. Esto no debería llamar la atención si se tienen en cuenta el carácter legislado del sis­tema laboral de los países latinoamericanos y el hecho de que, como ya se señaló, las re­formas desreguladoras se realizaron en buena medida por la vía legislativa. Las resistencias a la desregulación neoliberal o el avance de la re – regulación«posneolibe­ral» se verificaron –o se están verificando– en cuatro niveles: constitucional, legislativo, juris­prudencial e internacional. Las reformas constitucionales. Desde la re­forma constitucional brasileña de 1988, que incluso en tiempos de desregulación y flexibi­lización constitucionalizó –es decir, ubicó en la norma más rígida y más difícil de modificar– un gran número de derechos laborales, casi todas las reformas constitucionales realizadas en América Latina, con la única excepción de la peruana, aumentaron la cantidad o la inten­sidad de los derechos laborales reconocidos constitucionalmente. Esto, a primera vista, parece paradójico: en el mismo periodo en que la legislación elimina o disminuye derechos, las constituciones los incrementen o mejoran. Pero tiene una expli­cación política, independiente de la presencia o no de gobiernos progresistas. Las reformas constitucionales requieren generalmente de una aprobación popular por voto secreto, una muy amplia mayoría parlamentaria o el aval de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, es muy difícil alcanzar el consenso necesario para la eliminación de derechos y muy fácil obtenerlo para su ampliación. Es políticamen­te más fácil restringir los derechos laborales mediante una ley que a través de una reforma constitucional. Debido a ello, las legislaciones laborales han sido mucho más proclives a su desmantelamiento que las constituciones.