gobierno venezolano no había tomado acciones para resolver este problema de vieja data. En el mes de septiembre de 2005, una comisión mixta integrada por representantes de la Fiscalía Nacional y del estado Apure, Defensoría del Pueblo, CICPC y Teatro de Operaciones Nº 1 de la FAN, realizaron una inspección técnica y allanamiento de las instalaciones de las Nuevas Tribus en el sector indígena de Chaparralito, municipio Pedro Camejo del estado Apure, con la finalidad de realizar investigaciones sobre las denuncias de muerte de aproximadamente cuarenta y dos indígenas Pumé, que ocurrieron entre mayo y noviembre del 2004 en las comunidades indígenas cercanas a la misión de este grupo religioso en Chaparralito. Después de realizar las investigaciones y acciones necesarias el Comandante del Teatro de Operaciones Nº 1 de la FAN, elaboró un informe que por órgano regular llegó al Presidente de la República. Dicho informe sirvió de base para tomar la decisión de ordenar la expulsión de las Nuevas Tribus del territorio nacional. La expulsión de este grupo se materializó por disposición presidencial. A partir de ese momento las tareas de asistencia espiritual y social le fue asignada al Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional(CUFAN) el cual puso en vigencia el Programa“Estrategia de Consolidación del Sur” destinado a llenar el vacío asistencial de las poblaciones indígenas de la zona del Alto Orinoco. El Estado venezolano, indistintamente de las causales establecidas en el informe referido, es soberano para tomar unilateralmente la decisión de expulsar la Misión Nuevas Tribus de su territorio cuando los intereses nacionales así lo ameriten. Sin embargo, esta medida genera para el gobierno nacional una serie de acciones tanto nacionales como internacionales que es necesario tomar en cuenta para minimizar sus consecuencias. Entre ellas podemos señalar: Internacionales: • Demandas judiciales ante tribunales internacionales por presunta violación de los derechos humanos de los integrantes de la Misión Nuevas Tribus y pueblos indígenas. • Presión internacional de organismos no-gubernamentales defensores de los derechos humanos e Iglesia Evangélica Internacional. Nacionales: • Profundización de la política nacional de asistencia al indígena(Misión Guaicaipuro) en la zona afectada por la por la presencia misionera de las Nuevas Tribus. • Sustitución del programa misionero de las Nuevas Tribus por programas especiales de asistencia al indígena, tomando en cuenta su especificidad cultural y el nivel de afectación por etnocidio. Conclusiones La falta de vigilancia y control de parte del Estado, así como la inaplicabilidad de un ordenamiento territorial básico para la intervención planificada de estas remotas zonas, ha facilitado actividades ilegales de minería, extracción de productos forestales, productos pesqueros, especies exóticas y, últimamente, en el desarrollo de plantaciones ilícitas de coca, marihuana y amapola entre otros. Debe agregarse que a ello se suman la existencia de procesos migratorios ilegales, penetración del narcotráfico, el ingreso de grupos irregulares(paramilitares y guerrillas colombianas), degradación de la calidad de vida de las etnias aborígenes que las habitan, la 28