1. Fuentes estables, actualizadas y contrasta­bles para la elaboración de las políticas rela­tivas a la violencia y la criminalidad. 2. Sondeos de opinión pública y en especial sistematizar la realización de encuestas de «victimización». 3. Insumos para el intercambio con la ciuda­danía organizada en los diferentes ámbitos de participación que propicia el gobierno respecto a las políticas de seguridad. 4. Apertura de una vía Institucional para el aporte de información a los medios de co­municación. 5. Incorporación de un componente basado en evidencia al debate público sobre seguridad ciudadana. 6. Aportar insumos para la implementación de los acuerdos producidos en el marco institucional del M ERCOSUR , estableciendo diagnósticos comparados sobre los fenóme­nos de la violencia y la criminalidad en los diversos países, compatibilización de encues­tas de opinión pública sobre«victimización» y creación de un observatorio regional sobre la aplicación de experiencias en materia de políticas de prevención del delito. En el plano de la planificación institucional es­tratégica y operacional para las políticas de se­guridad ciudadana los productos del Observa­torio Nacional de la Violencia y la Criminalidad representan un aporte clave para la moderniza­ción de la gestión y elaboración de políticas. El carácter político y mercantil que asume la in­formación sobre la violencia y la criminalidad constituyen tamices a través de los cuales el valor de la información«dura» producida por las fuentes oficiales deberá abrirse camino como fuente confiable, aún con la conciencia de los déficit del registro policial respecto a la crimina­lidad y la violencia efectivamente existente en el tejido social. 3.2 Normativa, formación, gestión y estructura policial 3.2.1. Democratización. En el plano normativo el primer paso ha sido eliminar todas aquellas normas contrarias a la Constitución de la Repú­blica que fueron establecidas a través de un sis­tema aluvional y caótico de resoluciones admi­nistrativas y decretos, buscando la recuperación de un enfoque de derechos en la actuación po­licial donde, en especial, el recurso de la fuerza resulte racional, proporcional y utilizada de ma­nera gradual. La elaboración de una nueva Ley Orgánica Po­licial, un Código de Ética Policial y una nueva Ley de Procedimiento Policial 21 constituyen tres piezas de una arquitectura normativa que bus­ca dar respuesta a las demandas de democrati­zación del sistema institucional, racionalización del uso de los recursos humanos y una nueva reingeniería organizativa. Tales objetivos repre­sentan antiguas demandas de las fuerzas policiales. Para la elaboración de los textos re­feridos se han constituido ámbitos de consulta entre integrantes de diferentes niveles de las jerarquías ejecutivas de las fuerzas policiales (Jefes y Jefas departamentales, Directores y Directoras Nacionales), calificados representan­tes de ámbitos académicos(Cátedra de Dere­cho Laboral de la Facultad de Derecho, entre otras), representantes de las organizaciones sociales de la Policía, representantes políticos y del Ministerio del Interior. La estrategia refor­mista en este plano se apoya en la calificación de las propuestas y al mismo tiempo en la bús­queda de un fuerte consenso interno y político. Se ha puesto especial énfasis en la necesidad de contar con un corpus de información, hasta ahora inexistente, relativo al diagnóstico del estado de situación de las relaciones laborales y la estructura normativa que las acompaña. 21 Este Proyecto de Ley se encuentra a discusión del Poder Legislativo; ha sufrido importantes cambios en su articulado que reflejan las tensiones y divergencias de enfoques al interior del propio gobierno. 14