Esos acuerdos deben ser fuente de legislación en un conjunto de áreas en muchas de las cuales, en años recientes, se produjo una mora legislativa que persiste en materia de salud y que podrían contribuir a contar con un marco de largo plazo para el desarrollo de políticas compartidas en el país. A pesar de que los acuerdos pueden dificultarse ante la fuerza de ciertas posturas radicales o maximalistas, el diálogo tendrá que intentar establecerse con los sectores populares que puedan sentirse representados políticamente por quienes encarnan esa visión. Se trata de avanzar en acuerdos a largo plazo mostrando voluntad real de diálogo, sin caer en la posible trampa de esperar el consenso total. Como parte del trayecto para esos acuerdos el país debe afrontar un debate sobre los derechos sociales de todos los ciudadanos y sobre el modo de avanzar hacia su realización de manera colectiva, lo que puede asociarse con las propuestas del “nuevo universalismo” mejor conocido como“universalismo básico”( véase Filgueira y otros:2006). Este espíritu de acuerdo incluye el reconocimiento de aquellos aspectos positivos de la política social del gobierno en el poder que antes hemos resaltado. Ese reconocimiento no implica que se omitan los grandes déficits que persisten en determinadas áreas ni el contraste entre esos limitados avances y las disponibilidades extraordinarias y transitorias provenientes de los recursos petroleros. Pero, más allá de esto, el reconocimiento de los aspectos positivos de la gestión es un tipo de actitud que contribuye al vínculo con los sectores que apoyan o que se benefician con esos avances. Ese reconocimiento de los logros reales o potenciales que la mayor parte de la oposición adoptó – acertadamente- ante las Misiones Sociales, constituye una muestra de una actitud que abre caminos a un proceso gradual de conciliación y acuerdo nacional en materia social. Cuarto desafío: la promoción de una cultura de derechos Se trata de convertir a los derechos sociales en particular y a los derechos humanos en general en piezas básicas de una visión y de un sentimiento compartido para el desarrollo del país. Ello supondría asumir colectivamente que toda política social razonable debe tener su prioridad en los más pobres y vulnerables, entendiendo que las políticas equitativas y solidarias no son una dádiva de quienes ocupan posiciones de gobierno. Corresponden a los derechos de todo ciudadano, entre otros de quienes eligen a esos gobernantes o representantes. Quinto desafío: lograr una valoración significativamente mayor de la política social en el debate público nacional A pesar de la clara prioridad del gasto público social, que absorbe más de la mitad del gasto público total, la política social y sus componentes ocupan un lugar muy accesorio en el debate público venezolano. Esa escasa jerarquización de lo social puede contribuir a que exista tanta improvisación, discontinuidad e inefectividad en ese campo de intervención. 17