mas sociales. En estos casos el establecer una cuo­ta mínima por sexo asegura que tantos hombres como mujeres tengan representación e incidencia en la elaboración de políticas respecto a estos temas. El debate sobre la cuota En general, se manejan tres tipos de argumentos a favor de la cuota(Htun y Jones 2002). Primero, el argumento normativo, que apela a nociones de la democracia, la justicia y la igualdad para sostener la necesidad de que las mujeres estén presentes en cualquier actividad pública que afecte a la so­ciedad en su conjunto. Segundo, el argumento consecuencialista, que sostiene que el aumento de las mujeres en los espacios de decisión político– públicos conlleva una renovación de lo político, con la introducción de nuevos estilos de hacer política y de temas en la agenda, que a la vez reflejan mejor las necesidades e intereses particulares de las mu­jeres. Y tercero, el simbólico, según el cual la cuota demuestra el compromiso de la sociedad con una democracia basada en la inclusión y educa al públi­co sobre la igualdad de género. En la discusión que sigue, nos concentramos en los dos primeros argu­mentos por ser los más debatidos y porque apun­tan a dos temas que forman el meollo de la cues­tión del acceso equitativo de mujeres y hombres a cargos de poder político: la construcción de una ciu­dadanía plena a través de la efectivización de los derechos formales; y la representatividad del siste­ma democrático. Democracia, representación y la política de la presencia En la mayoría de las democracias representativas, la representatividad del sistema se construye sobre la base conceptual de la«política de las ideas» (Phillips 1995). Es decir, aunque se reconocen como válidos otros tipos de representación, la representa­ción ideológica –que implica la representación co­lectiva a través de partidos políticos– es privilegiada en el marco normativo y las prácticas de los siste­mas democrático–liberales. La representación ideo­lógica se basa a la vez en la noción del representan­te como un agente que actúa por una colectividad construida en torno a una serie de ideas políticas compartidas. Esto implica que la representación es una actividad objetiva y neutra, y por lo tanto que no es necesario que los representantes reflejen o com­partan las características socioculturales, por ejem­plo, etarias, religiosas, de sexo, clase o raza, del gru­po representado(Squires 1999). No obstante, existen también otras concepciones de la representación que sí consideran importante una coincidencia mayor entre los intereses estructuralmente construidos y/o la pertenencia sociocultural de representantes y representados. La representación geográfica –el segundo tipo de re­presentación más común en las democracias libe­rales– presume que los residentes de ciertas regio­nes tienen intereses en común que merecen ser representados en la agenda político–pública, y en general se privilegian como representantes a per­sonas que viven o provienen de la propia región. Por otro lado, la creación de partidos laboristas a principios del siglo XX en los países industrializados, en paralelo con la universalización del sufragio, res­pondía a un diagnóstico que cuestionaba la representatividad de un órgano integrado exclusi­vamente por personas de determinada clase socioeconómica; para defender en la agenda políti­ca y pública los intereses de la clase trabajadora se consideraba necesaria promover la representación funcional, a través de estos nuevos partidos, cuyos candidatos en general provenían de los cuadros sindicales. Por último, la representación social, ba­sada en un criterio descriptivo o especular, implica que los representantes reflejen la composición sociocultural del electorado y representen a grupos sociales a los cuales pertenecen directamente, y con los cuales por lo tanto comparten experiencias vitales, creencias y valores. Es en base a estas dos últimas acepciones de la representación que se construye la idea de la«política de la presencia» (Phillips 1995), que en la práctica se concreta en la aplicación de cuotas de representación para deter­minados grupos sociales(el caso de los Maoris en Nueva Zelanda, o de ciertas castas en la India). Si partimos de la base de que la representación de­mocrática debe facilitar las dos funciones de delibe­ración –la representación de todas las perspectivas que puedan aportar información o opiniones– y agre­gación –la representación proporcional de todos los intereses que entren en conflicto en torno al tema bajo consideración– las carencias de la representa­ción ideológica se vuelven más aparentes (Mansbridge 2001). A pesar de que en el marco de la política de las ideas a los representantes se les adjudica una capacidad de objetividad y neutralidad absoluta con respecto a no dejar que sus intereses 17