Género, políticas públicas y promoción de la calidad de vida 127 La violencia intrafamiliar ha sido históricamente una forma de la victimización por falta de equidad, al negar a la otra persona su de­recho a decidir sobre su propia vida sin causar daño a otr@s. Lo más grave es que al no existir en el imaginario femenino el derecho a una vida sin violencia que incluya al hogar, las necesidades producto de la violencia intrafamiliar no son percibidas por ellas, las propias víc­timas, como derechos a exigir y tampoco las perciben quienes plani­fican las políticas. Es sintomático que las mujeres, que son las gran­des luchadoras por los derechos humanos, y que son particularmen­te las que exigen justicia ante la violación de los derechos de sus hij@s, no lo hacen por sus propios derechos. Por ello se requiere que las brechas generadas por la historia de violencia de género sean saldadas con las mujeres y en general con las familias, garantizando la inclusión transversal del enfoque de género en las políticas y programas que permitan evidenciar la meta planteada en cada uno de los escenarios grupales en los diferentes territorios sociales: no más violencia en la casa o en la calle. A manera de cierre Los diferentes ámbitos que hemos señalado nos llevan a plantear que una política pública dentro de la Estrategia de Promoción de Calidad de Vida para enfrentar las necesidades que la violencia en sus diferentes formas de expresión genera, amerita la negociación efectiva entre los múltiples actores sociales que están llamados a participar en la misma, tanto en las diferentes áreas de la adminis­tración pública como de los sectores privados y de la sociedad civil organizada. Y esto requiere la organización de redes sociales con participación justa y equitativa de los distintos actores convocados por la problemática. Esta sería realmente una política por la vida dentro de la cual se organizarían las acciones, programas y proyec­tos de manera participativa dirigidos a deconstruir la cultura de la violencia. Una política en la cual la participación de los diversos es­pacios de gestión pública descentralizada es fundamental a fin de poder garantizar la participación organizada de las comunidades en redes articuladas a escala local, regional y nacional, así como garan­tizar a las comunidades todos los recursos humanos y materiales necesarios para su desarrollo y accionar, y que, en sentido inverso, su voz y sus derechos lleguen a todos los niveles de gestión.