Como respuesta a los desórdenes de 1989, se diseñaron e instrumentaron políticas sociales focalizadas y de corte compensatorio. Focalizadas por cuanto estuvieron dirigidas básicamente a grupos vulnerables de la población(niños, ancianos, mujeres embarazadas, población en situación de pobreza extrema, etc.), y compensatorias porque su propósito era el de mitigar y compensar la reducción de los ingresos de las personas y las familias. Para la ejecución de estas políticas sociales, y con miras a elevar la eficiencia del gasto social, se llevó a cabo una importante reforma institucional, a partir de la cual el Estado comenzó a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en su diseño y ejecución 2 . Tales políticas demostraron ser insuficientes y, en cierta forma deficientes, para contener la deuda social acumulada, y solo sirvieron de mero paliativo para calmar-sólo en apariencia- el creciente descontento popular. Esta crisis, enmarcada en una suerte de transición histórica que, como se indicara con anterioridad, inicia a finales de los 70’y que todavía perdura, aun cuando fue anunciada con claridad – y diríamos que con suficiente antelación – por parte de diversos analistas sociales, no fue lo suficientemente comprendida por los partidos políticos tradicionales; estos no pudieron-o no quisieron- vislumbrar su magnitud y mucho menos sus consecuencias. De ahí su incapacidad de ofrecer respuestas convincentes, incapacidad que tuvieron que asumir a un alto costo, en términos de descrédito y deslegitimación en una sociedad ansiosa de cambios. En medio de este escenario de crisis económica, empobrecimiento continuo, divorcio del Estado y la sociedad, decepción de los partidos, y todas las condiciones descritas que contribuyeron a socavar las bases de la convivencia democrática, surgió una promesa de cambio radical liderizada por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, principal protagonista de la intentona golpista de 1992, que fue acogida mayoritariamente por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de 1998. La democracia venezolana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Para poder evaluar la democracia en Venezuela se asumirán como normas, la definición de democracia establecida por la Organización de Estados Americanos(OEA) conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) y la concepción de democracia que se infiere de un análisis comprehensivo de la Constitución de 1999. Según la OEA/PNUD, la democracia es(…)“una forma de organización del poder en la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la dominación de individuos o grupos que impidan este objetivo y lograr la perdurabilidad de la organización democrática. Regula las relaciones entre individuos, organizaciones y Estado de acuerdo con normas emanadas de la voluntad popular y procedimientos democráticos” (PNUD/OEA: 2010). A esta definición se vinculan tres rasgos que le otorgan legitimidad: su origen en la soberanía popular expresada mediante elecciones periódicas, libres y transparentes, su ejercicio, que se refiere a cómo se toman las decisiones en relación a las políticas públicas y su finalidad de garantizar, materializar y extender los derechos ciudadanos en la esfera política, civil y social. Es así que esta definición adopta el concepto de“democracia de ciudadanos”(Cartaya, V. y Gianforchetta N.: 2010). 2 En este contexto, comienza a tomar fuerza la importancia de la participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas, que más tarde se consolidaría, como modelo teórico conceptual, la“democracia participativa”. 6