La Defensoría del Pueblo, órgano encargado de proteger los derechos ciudadanos, ha tenido un peso marginal en el funcionamiento de la institucionalidad democrática. Sin embargo, su posición frente a los abusos de poder-que a menudo han cercenado derechos políticos, sociales, económicos y civiles de la ciudadanía- ha sido, en la mayoría de los casos, la de alinearse a favor de las actuaciones del ejecutivo-u otros poderes­mientras que en otros pocos ha optado por inhibirse o autocensurarse. La falta de separación de los poderes y su escasa autonomía frente al Ejecutivo Nacional, se ha traducido en actuaciones inconstitucionales e ilegales, en la discriminación política de importantes sectores de la sociedad y en restricciones arbitrarias de los derechos humanos, que debilitan enormemente la misma institucionalidad democrática y socavan peligrosamente el Estado de Derecho, aspectos consustanciados con la definición misma de democracia; de la misma manera, en un contexto como este, se cierran las puertas al pluralismo, al debate y al diálogo y se compromete el principio de la alternancia. Por otro lado, la debilidad y parcialidad de los poderes, así como los objetivos políticos que impregnan sus agendas, los imposibilita para cumplir sus respectivas misiones institucionales. El desorden social y la impunidad reinante como resultado del inequitativo acceso a la justicia emergen, entre otros factores, como causales de la situación de violencia e inseguridad que vive la sociedad venezolana 7 El Poder Electoral: ¿Un árbitro imparcial? El Poder Electoral, como parte del Poder Ciudadano, dista mucho de ser imparcial. En este sentido, también es víctima de la cuestionada separación e independencia de los poderes. La misma conformación del Consejo Nacional Electoral, en el que desde 2003 hay una mayoría de miembros que simpatizan con el gobierno, compromete la competencia democrática en igualdad de condiciones 8 . La parcialidad del máximo ente comicial a favor del gobierno y su proyecto político, ha sido un denominador común en los distintos comicios electorales, y se ha expresado de diversas maneras: postergación discrecional de procesos electorales específicos 9 ; negaciones reiteradas de solicitudes provenientes de organizaciones políticas opositoras 10 ; complacencia-falta de control- frente al uso ilegal de los recursos públicos por parte del oficialismo para fines proselitistas; retardos innecesarios y-desde todo punto de vista cuestionables- en la oficialización de resultados y; permitir el uso ilegal de“cadenas presidenciales” con fines de propaganda electoral, entre varias otras. Esta situación, combinada con actuaciones ilegales e inconstitucionales de otros poderes públicos e instituciones del Gobierno Nacional, terminan configurando un cuadro decidida por el mencionado Contralor, reconocido partidario del Presidente, afectó a varios dirigentes de la oposición que, según las encuestas, tenían serias posibilidades de ser electos como Alcalde Mayor de Caracas(caso de Leopoldo López, de Un Nuevo Tiempo) y Gobernador de Miranda(caso de Enrique Mendoza), solo para nombrar los más importantes. Esas inhabilitaciones, fueron decididas por un funcionario administrativo(el Contralor) y no por un Tribunal, tal y como pauta la Constitución Nacional en sus artículos 42 y 65, así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23. 7 La inseguridad pública representa el problema más valorado por la población venezolana y los índices de impunidad superan el 90%. La debilidad institucional/ y a la vez su descomposición organizativa y funcional del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República, combinado con la corrupción y deterioro generalizado de los cuerpos policiales, la ausencia de espacios de diálogo para la búsqueda de soluciones, contribuyen con la persistencia y profundización de esta problemática. Las cifras son verdaderamente alarmantes y convierten al país en uno de los más inseguros del mundo. En 2009, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, fueron asesinadas 19.133 personas(75 por cada 100.000 habitantes). Esta situación afecta especialmente a los hombres jóvenes de los sectores sociales más desfavorecidos. En efecto, del total de víctimas, el 75% son jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 20 años y el 90% habitan en sectores populares. Se calcula que entre la población circulan entre 6 y 9 millones de armas. 8 Cuatro de los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral simpatizan con el Proyecto Revolucionario, y de éstos, dos estaban inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. 9 Cuyo caso más emblemático fue la postergación-de casi un año- de la realización del Referéndum Revocatorio Presidencial de 2004, como estrategia orientada a esperar las condiciones más propicias para que el Presidente pudiera reafirmar su mandato. 10 Por ejemplo, la solicitud formal realizada por grupos opositores, para invalidar la Ley Orgánica del Poder Electoral –por atentar contra el principio de la proporcionalidad establecido en la Constitución-, la solicitud de revisar las nuevas circunscripciones electorales que favorecían abiertamente al oficialismo, y la de omitir las inhabilitaciones políticas por no estar sustentadas en sentencias judiciales firmes. 11