Judicial pierden control sobre el estamento militar y se le otorga legalmente al mandatario un rango militar: Comandante en Jefe); el diseño de las políticas de seguridad y defensa se encuentra en manos de una élite de exmilitares que responden a un proyecto político concreto; los Componentes ya no son“Nacionales” sino“Bolivarianos”; obligan al sector militar a plegarse al Proyecto del Socialismo del Siglo XXI, lo cual contraviene lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 2009; se elimina la separación entre lo civil-político y lo militar; incorpora la concepción de una fuerza armada socialista, derivación de la concepción política del poder de Norberto Ceresole: unidad“pueblo” y militares y su vínculo con un caudillo líder; se establece una fuerza armada paralela: La Milicia Bolivariana emerge como 5º componente, con funciones como“establecer un vínculo permanente entre la FANB y el Pueblo”,“Apoyar a los Consejos Comunales y conformar los Comités de Defensa Integral” y“Organizar y entrenar la Milicia Territorial y los Cuerpos de Combatientes, adscritos a órganos del sector público y privado” 20 . En otras palabras, se militariza la sociedad y se introduce formalmente en la política de seguridad y defensa el concepto de amenaza interna, vale decir, la necesidad de defender el proyecto político frente a“enemigos internos”, que en este caso estarían representados por la disidencia política. Los derechos humanos bajo la lupa A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de 1999 profundiza-en términos de calidad y cantidad- el tema de los derechos humanos, diversas leyes y prácticas gubernamentales han venido configurando una realidad en la cual el ejercicio de tales derechos es cada vez más restringido 21 . Y no podía ser de otra manera. Un proyecto hegemónico y personalista, que niega la pluralidad y el diálogo, fundamentado en el control de todos los poderes públicos y de la Fuerza Armada Nacional, donde las actuaciones personales e institucionales violentan la Constitución y la disidencia es percibida-y tratada- como enemiga interna, tal y como se describió en anteriores segmentos, entra necesariamente en profundas contradicciones con el“Estado Social de Derecho y de Justicia” y con el modelo de descentralización del poder enfocado en los derechos humanos propuesto en la carta magna. Más aún, los mismos rasgos descritos constituyen violaciones a los derechos civiles y políticos. Es en este marco, donde las restricciones a la libertad de asociación, las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión, la criminalización y judicialización de la protesta y la disidencia, el desconocimiento a la libertad sindical y el control sobre la participación ciudadana, pasan a formar parte del paisaje político venezolano. Es así como en los últimos años el gobierno nacional ha recurrido con cada vez más frecuencia al uso de la fuerza-frente a la complacencia de todos los poderes públicos- para reprimir cualquier disidencia o manifestación de rechazo a las políticas gubernamentales. Aun cuando en el país no pueda hablarse de ausencia de libertad de expresión, el gobierno ha venido instrumentando una práctica“sutil” para acallar la voz de los medios independientes; esta práctica, basada en la utilización de leyes y reglamentos ­aparentemente razonables- para inducirlos a la autocensura, le permite al régimen 20 “Jóvenes bolivarianos, campesinos, indígenas, tienen que convertirse en un ejército de milicianos(…) la milicia es el pueblo en armas(…) debemos organizarla militarmente y equiparla y armarla”(Aló Presidente, Julio de 2009)“Listos deben estar ustedes para tomar las armas(…) y salir a dar la vida si hubiera que darla por la revolución bolivariana(…) barrer la burguesía de todos los espacios políticos y económicos”(Presidente Chávez ante 3.000 milicianos, Abril 2010). 21 “Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue considerada una obra producto de la movilización de distintos sectores políticos, civiles y económicos del país, para ampliar el sistema de reglas democráticas y exigir responsabilidades al Estado en el marco de los derechos humanos y las aspiraciones a una mayor justicia social y, en ella efectivamente se lograron importantes avances en la progresividad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, desde el año 2005, particularmente, se ha hecho evidente un patrón de severas restricciones para la sociedad venezolana, en el que se observa un veloz deterioro del estado de derecho, el debilitamiento cada vez más rápido de las libertades civiles y del sistema democrático en su conjunto, una reducción sustantiva del cumplimiento de garantías en materia de derechos sociales y una expansión incontrolada de la violencia social e institucional”(SINERGIA: 2009). 15