En cuanto al primer caso, paradójicamente, la democracia participativa, considerada nacional e internacionalmente como proyecto bandera del gobierno bolivariano, ni siquiera en sus inicios pudo librarse de los intentos oficialistas por controlarla y ponerla al servicio del clientelismo político. Primero fueron los círculos bolivarianos, ensayos de una suerte de“Comités de Defensa de la Revolución”, y luego las misiones sociales, que más allá de sus beneficios a la población, fueron utilizadas con fines proselitistas. Sin embargo, estos primeros intentos de control social fueron revistiéndose con un“ropaje” legal, a través de recientes desarrollos legislativos entre los cuales destacan la Ley Orgánica de los Consejos Comunales(2009), el Proyecto de Ley Orgánica de Participación y Poder Popular (2009) y la Ley del Consejo Federal de Gobierno(2010).En esencia, se trata de leyes que con el pretexto de facilitar la participación, se encargan de normarla en función a los intereses político-ideológicos del Gobierno Nacional, orientándola hacia la construcción de un modelo socialista; persiguen, en última instancia, condicionar y controlar la iniciativa colectiva, contraviniendo el espíritu de la democracia participativa establecido en la Constitución. En cuanto a las organizaciones nacionales e independientes de derechos humanos, durante los últimos años se ha venido instrumentando una verdadera campaña en su contra, que incluye su persecución, descalificación y hasta judicialización por parte de importantes voceros gubernamentales y de funcionarios pertenecientes a distintos poderes públicos. Las ONG más afectadas son las de mayor visibilidad y credibilidad, tanto en el plano internacional como nacional; la verdadera intención del gobierno ha sido acallarlas, dadas sus constantes denuncias a la violación de derechos humanos en el país y que han servido de insumos para la elaboración de informes emitidos por instancias internacionales de derechos humanos, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, las actuaciones de los poderes públicos representan una flagrante violación a la libertad de asociación y a los convenios y pactos suscritos por la República 27 La descentralización truncada En el marco de una profunda crisis que envolvió prácticamente todos los ámbitos de la sociedad venezolana, en la década de los 80’ se inician todo un conjunto de nuevos arreglos institucionales destinados al“relanzamiento de la democracia”. Como parte de estos arreglos, surge la descentralización como modelo de organización del Estado, destinado a favorecer la distribución del poder político, incrementar la eficacia de las políticas y generar un mayor acercamiento entre la ciudadanía(y sus organizaciones) y las instancias públicas de toma de decisiones(participación ciudadana). El proceso de descentralización se inicia, formalmente, en diciembre de 1989 con la elección, por el voto popular, de las autoridades estadales y municipales. La Constitución de la República Bolivariana de 1999, vendría a reafirmar la descentralización como modelo de gobierno, destacando sus bondades administrativas, políticas y sociales 28 . 27 Recientemente, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos Ocurridos entre 27 de Febrero y los Primeros días de Marzo de 1989(COFAVIC) fue acusada por“ocultar información”, descalificada públicamente, señalada como un“fraude” en televisión pública y amenazada de allanamiento; tres miembros del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos(PROVEA) fueron detenidos arbitrariamente mientras monitoreaban una protesta sobre derechos laborales y acusados de“conspiración a delinquir, daños a bienes públicos y obstrucción de vías públicas”; la ONG Espacio Público, fue acusada de“recibir fondos internacionales con intenciones de desestabilizar” y su Director, Carlos Correa, fue sometido al escarnio público en canales del Estado.(Civilis: 2010). 28 “La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estadales”(Artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela);“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”(Artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) 18