emprendidas y los compromisos adquiridos internacionalmente cada año. Mientras, la opinión pública atenta –grupos de interés, analistas, académicos y expertos- también se fue abriendo espacio y generando otra vertiente de seguimiento, evaluación y crítica. Finalmente, aunque no menos importante, en los propósitos mismos de la política exterior, hubo una continuidad en asuntos y relaciones fundamentales, que enmarcaba su tratamiento internacional en principios jurídico políticos y acuerdos internacionales, de modo que –en ámbitos como el de la seguridad, el comercio, las inversiones, la integración económica, la energía, el ambiente, la democracia y los derechos humanos– se contaba con parámetros desde los cuales no cabía esperar grandes desviaciones. En suma, aunque desde el último tercio del siglo XX la frontera entre lo internacional y lo nacional se fue difuminando, por lo general esa nueva porosidad era gubernamentalmente atendida en términos que se consideraba velaban por los intereses nacionales y atendían las necesidades de los venezolanos. En aquellas situaciones en que no fue así hubo la posibilidad de manifestar la inconformidad y la crítica, al punto de obligar a la suspensión de algún acuerdo, designación o iniciativa gubernamental. Ahora bien, desde 1999, través de una sucesión de etapas y pronunciamientos programáticos que la fueron radicalizando, la política exterior fue cambiando en sus propósitos, relaciones y procedimientos, alejándose de los preceptos constitucionales y de las aspiraciones y necesidades de la sociedad venezolana, todo ello con graves consecuencias domésticas. Antes de adentrarnos en esas implicaciones, conviene revisar brevemente esos cambios. Los cambios en las orientaciones fundamentales de la política exterior A partir del texto de la Constitución de 1999 podemos agrupar las orientaciones internacionales de Venezuela en cuatro grandes categorías: democracia y derechos humanos, integración, seguridad y energía. En cada una de ellas parecía anunciarse cierta continuidad en la política exterior, pero los marcos normativos que le sirvieron de guía y la praxis política concreta pronto comenzaron a evidenciar giros significativos. En materia de derechos humanos y democracia, el detallado catálogo constitucional de derechos humanos y la aspiración a la“democratización de la sociedad internacional”(en el Preámbulo y en la sección de las Relaciones Internacionales) transmitieron inicialmente la idea de un compromiso a otra escala con los valores democráticos. Sin embargo, en la práctica se produjo un cambio sustantivo de la política exterior en esos dos ámbitos. Por una parte, se abandonó el postulado de la preeminencia de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, al igual que los de integración. Por la otra, en nombre de un frustrado afán democratizador de las instituciones internacionales y del concepto de“democracia participativa”, se fue avanzando hacia el desconocimiento práctico de organizaciones internacionales y de acuerdos y protocolos de protección de las instituciones de la democracia representativa. Formalmente se mantuvo la alta prioridad de la integración con los países de América Latina y el Caribe, pero esa orientación también se fue dejando de lado en los hechos, viéndose desplazada por prioridades geopolíticas de construcción de alianzas ideológicas y esquemas de 2