políticamente complejas, convirtiéndose en una instancia de garantía de derechos de los ciudadanos antes sus respectivos estados. De modo que el desconocimiento reiterado de las recomendaciones y sentencias de la Comisión y la Corte implican el abandono práctico de la protección internacional de los derechos humanos consagrada en la Constitución venezolana. El derecho a la protección internacional de los DD.HH. en la Constitución de 1999: Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo(Artículo 31). Es importante destacar que de las seis sentencias declaradas como“inejecutables” por que entre 2000 y 2008 la Sala Constitucional entre 2000 y 2008(Ayala, 2009), cuatro niegan la garantía a la libertad de expresión. En este ámbito, de crucial importancia para la vida democrática, la política exterior ha definido cada vez con mayor contundencia una posición que niega autoridad y descalifica cualquier iniciativa internacional –por parte de asociaciones gremiales u organizaciones no gubernamentales– que acoja y difunda reclamos sobre violaciones a ese derecho. En el mismo registro, que limita directamente la posibilidad de los ciudadanos de contar con una instancia internacional que los proteja, se inscriben dos conductas reiterativas del gobierno venezolano que ilustran su desprotección de derechos fundamentales. La primera es la negativa a aceptar desde 2002 una visita in loco de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo amplio informe en diciembre de 2009 –preparado a distancia– evidencia el agravamiento de muchos de los más graves diagnósticos que recogió, tras la última visita in loco, el informe publicado en octubre de 2003. La otra atañe al tema de los derechos laborales y al rechazo del gobierno venezolano a cumplir con las pautas de representación tripartita de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) y con los convenios mismos que protegen las relaciones laborales y la vida sindical. Desarrollo económico Es este un amplio capítulo de la política exterior, que abarca los aspectos propiamente energéticos y los relativos al comercio y las inversiones, junto a los temas de la cooperación y la integración. Es importante evaluar sucintamente sus implicaciones para los venezolanos y para el país como conjunto, en cada una de las aristas de la política exterior económica y el tipo de articulación internacional que ha pretendido desarrollar. En el ámbito energético son evidentes los contrastes del país que, por un lado, viene de vivir el más grande“boom” de precios petroleros de su historia y que mantiene en su“Primer Plan Socialista” el propósito de hacer de Venezuela una potencia energética mundial; mientras que, por otro, recién va saliendo de una emergencia de suministro eléctrico y se perfila en Suramérica como el país al que más costará superar la recesión económica. Las decisiones y políticas exteriores que han venido incidiendo en este cuadro pueden resumirse en tres 8