acercamiento estratégico que llevaron a romper con los principios y reglas de los acuerdos de integración(expresamente en los casos de la Comunidad Andina y el Grupo de los Tres desde 2006), amenazaron con“refundarlos”(como en el accidentado proceso de incorporación a Mercosur desde 2005) y reorientaron las prioridades venezolanas hacia convenios energéticos (como Petrocaribe desde 2005) combinados con componentes ideológicos(el caso de la Alternativa y luego Alianza Bolivariana para nuestros Pueblos de América, ALBA, desde 2004). De allí el abandono no sólo de los postulados constitucionales de supranacionalidad en este ámbito, sino el distanciamiento respecto a los principios y la institucionalidad de la integración económica como tal(incluidos sus ya mencionados protocolos y cláusulas democráticas). Respecto a la seguridad, definida como“seguridad integral” en un sentido amplio que parecía anunciar la adecuación de la concepción nacional a los avances regionales y hemisféricos, se produjo gradualmente una regresión conceptual en la que la prevalencia del concepto y modalidades extrainstitucionales de la defensa integral ante un enemigo interno-externo multiplicó los riesgos del desbordamiento del uso de la fuerza hacia todos los ámbitos de la vida social. Y en materia de energía, no obstante la continuidad de la política de defensa de precios dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) y el mantenimiento de acuerdos tradicionales de cooperación regional, la nueva orientación priorizó los aspectos geopolíticos, en procura de alianzas para hacer del petróleo palanca para la construcción de un mundo multipolar y, regionalmente, de un esquema de integración que tuviese a Venezuela como“eje” del sistema energético latinoamericano y caribeño. Esa reorientación sometió a la industria petrolera venezolana a presiones mayores que, a la postre, no ha tenido capacidad para compensar. Procedimientos de formación, ejecución y control Pese a que la Constitución de 1999 mantuvo los mismos controles contemplados por la de 1961 para ser ejercidos por los poderes legislativo y judicial sobre las iniciativas internacionales que constitucionalmente corresponden al Presidente, tales procedimientos dejaron de ser respetados en materias fundamentales, como es el caso de los tratados internacionales, los contratos de interés nacional y el control presupuestario, entre las más importantes. De especial gravedad ha sido el distanciamiento y abandono de compromisos internacionales en los ámbitos del comercio, las inversiones, la integración y la protección de los derechos humanos. En varios momentos y casos, la pérdida de autonomía del poder judicial se ha manifestado en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que han dado la espalda a reclamos de nacionales y a decisiones internacionales que la propia Constitución de 1999 reconoce como de directa e inmediata aplicación en esta materia. Ha sido el caso, a comentar luego con mayor precisión, del rechazo a recomendaciones de la Comisión y de la inejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El deterioro de la diplomacia como ejercicio profesional, el recurso constante a la personalización de relaciones y la“diplomacia de micrófonos”, el impulso a la llamada“diplomacia de los pueblos” y“paralela”(que en ocasiones se han traducido en prácticas injerencistas en la política 3