Esto último es relevante domésticamente, pues la política de seguridad está inspirada por un nunca explicitado concepto estratégico nacional(exigido por la Constitución de 1999) que, tácitamente, por la vía de los discursos y los hechos, sustenta nuevas hipótesis de guerra, inspira la adquisición de armamentos y elección de proveedores, a la vez que se manifiesta en acuerdos poco transparentes o abiertamente sujetos al secreto que no permiten que los venezolanos conozcan lo esencial de sus problemas de seguridad y que, al mover los intereses del país a ámbitos en los que tiene poca capacidad para influir y muchas vulnerabilidades, los han ido aproximando a los“nudos” de peligrosas y corruptoras redes ilegales. Tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas hacen parte de los ilícitos en los que viene reportándose actividad venezolana, como se lee en los informes de Naciones Unidas(2010) y en los datos preocupantes sobre aumento en las tasa de homicidios y secuestros, y en la tenencia de armas no registradas en el país estimadas por diversas fuentes(Amnistía Internacional, Observatorio de Violencia, Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional) entre 6 y 15 millones. Ese panorama de seguridad se agrava en la medida que se produce el alejamiento y descalificación de instancias internacionales de cooperación y control por parte del gobierno venezolano. No es sólo el caso de la cooperación con la DEA y con Colombia, sino la negativa a responder con información e investigación a diagnósticos como el del reporte mundial de drogas de las Naciones Unidas(UNODC, 2010), que identifica a Venezuela como origen de 51% de los envíos aéreos clandestinos de cocaína detectados en África occidental y camino a Europa entre 2006 y 2008. El mismo Informe alerta sobre la existencia de grupos insurgentes como el Frente de Liberación Bolivariano y de las milicias civiles –creadas en nombre de la“defensa integral de la Nación” – cuya experiencia en otros países,“ha demostrado que pueden alimentar el crimen organizado"(p. 234). Tendencias y construcción de propuestas El panorama general de los impactos negativos que sobre la vida de los venezolanos ha tenido la política exterior describe una vinculación de doble vía en tres ámbitos: político, socio-económico y de seguridad. La acción internacional del gobierno proyecta al mundo los rasgos de un modelo político que desde la noción inicial de democracia participativa fue anulando la descentralización, los controles y contrapesos al poder presidencial. En política exterior, se tradujo igualmente en el rechazo cada vez más abierto de cualquier acuerdo o institución que en materias como derechos humanos y democracia pretendiera hacer escrutinio o procesar reclamo alguno. En materia económica, en el amplio espectro recién caracterizado, el modelo que desde el precepto de un mejor equilibro entre Estado y mercado prometía crecimiento económico sostenido, oportunidades y equidad social y diversificación de relaciones económicas, se movió a un proyecto de estatización que al lado de un discurso nacionalista generó una red de acuerdos y negociaciones internacionales generadores de graves vulnerabilidades y pérdida de recursos para el país, en medio de la más grande bonanza petrolera de su historia. En el ámbito de la seguridad, la transparencia y sentido de corresponsabilidad que parecían prometer los postulados que en esta materia incorporó la Constitución de 1999, se trocaron en un conjunto de decisiones y políticas que debilitaron la institución militar a la vez que 13