VIII. Las múltiples dimensiones de la representación política La democracia representativa se basa en la idea de gobierno del pueblo, por el pue­blo y para el pueblo, sin que toda la ciudadanía participe directamente en el queha­cer del gobierno, como sí lo hace en modelos de democracia directa o participativa. Esto no implica que se establezcan a priori restricciones que habilitan a algunas personas y prohíben a otras ocupar cargos representativos. Los derechos políticos universales consagran el principio de que todas las personas tienen las mismas oportunidades de postularse si así lo desean. Para la mayor parte de la ciudadanía que no se propone una carrera política, la representación implica que las personas que ocupan cargos de poder político hayan sido legítimamente elegidas, tomen en cuenta las opiniones e intereses de los electores, rindan cuentas de lo que hacen y puedan ser removidas si se considera que no desempeñan sus funciones en forma satisfactoria. La representación debería, entonces, vincular a los/las gobernantes y gobernados de tal modo que las perspectivas de estos se articulen y sus intereses se concreten: según la definición más básica propuesta por Hanna Pitkin(1967-1985: 10), repre­sentar implica«hacer presente otra vez». De la misma manera, Mansbridge(2001: 20) identifica«dos funciones básicas de la democracia que hacen a su representa­tividad»: la deliberación, que tiene como meta la representación de todas las pers­pectivas que puedan aportar información u opiniones sobre los temas en la agenda pública, y la agregación, cuya meta es la representación proporcional de todos los intereses que puedan estar en conflicto en torno a esos temas. ¿Cómo se operacionalizan, entonces, estos criterios en el mundo real? Bajo el paraguas de la democracia representativa se puede encontrar una variedad de arreglos institucionales, pero las elecciones son centrales en todos ellos. En su expresión más minimalista, la democracia representativa implica la celebración regular de elecciones libres(compite una pluralidad de partidos) y limpias(la com­petencia se dirime según reglas formales que son respetadas) en las cuales pueden votar—pero no son obligadas a hacerlo— todas las personas que hayan alcanzado la mayoría de edad. En la tradición típicamente liberal esta combinación se conside­ra la mejor forma de garantizarle a toda la ciudadanía la oportunidad de elegir sus representantes, sin acotar la libertad de aquellas personas que opten por no ejercer ese derecho, por la razón que sea. Otras tradiciones teóricas que comparten los postulados generales de la democra­cia representativa, como la cívico-republicana o la comunitarista, han criticado este 19