INTRODUCCIÓN En los tiempos que precedieron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999, y en la discusión de la nueva Constitución, se adelantaron diferentes disertaciones sobre la evolución del sistema democrático venezolano y la crisis de la democracia representativa, esta última considerada como negación al pueblo del ejercicio pleno de su soberanía, de la participación en el diseño y control de políticas públicas, y que más bien reflejaba un sistema excluyente de toma de decisiones restringido a una concentrada elite política. En efecto, el texto constitucional de 1961, reducía la democracia representativa al principio de“soberanía que reside en el pueblo”, pero se limitaba su ejercicio exclusivamente mediante el sufragio, por órganos del Poder Público. De manera que, el desarrollar una democracia participativa se convierte en un objetivo esencial del proceso constituyente. La participación y el protagonismo ciudadano se presentan como un paradigma, que se expresa en el ejercicio directo de la soberanía popular. La democracia pasa a ser concebida no solo en términos de representación, sino también en términos de protagonismo de las comunidades en los procesos de decisión política, así como de gestión pública. Una demostración fue que, en el mismo año 1999, se realizan consecutivamente un referendo consultivo para la convocatoria de la ANC, unas elecciones nacionales de los miembros de la Asamblea y finalmente se aprueba en un referendo la nueva Constitución. Predominó entonces en las discusiones que el limitado mecanismo de acuerdos(pacto institucional) utilizado para la designación de altos funcionarios,-en los diferentes órganos de los poderes públicos nacionales-, y la casi inexistencia de instancias de participación ciudadana en los procesos de preselección, crearon condiciones para la deslegitimación de las principales instituciones públicas, ya que tales designaciones eran pocos transparentes y eran vistos como el resultado de acuerdos partidistas carentes de toda forma de consulta democrática. Esta situación originó la percepción general que las instituciones políticas del Estado y los representantes de los órganos de los poderes públicos carecían de toda autonomía e independencia en su ejercicio de poder, que obedecían más a compromisos partidistas previos y a intereses particulares o sectoriales. Además, como producto de la poca transparencia y falta de control social en tales designaciones, los altos funcionarios no reunían las condiciones técnicas, profesionales, académicas, gerenciales y morales para ejercer los cargos, de modo que todo indicaba que era suficiente pertenecer a un partido político para ser designado. Estos aspectos estimularon una creciente tendencia a desarrollar disposiciones en nuestra nueva carta magna orientadas a la participación ciudadana y al control social.