Prólogo Rafael Paternain Rafael Sanseviero L a violencia, la criminalidad y la inseguridad se han transformado en serios pro­blemas para la sociedad uruguaya. De hecho, desde la restauración democrá­tica hasta la fecha, la percepción colectiva ha ubicado estos asuntos entre sus principales preocupaciones. Si bien la realidad nacional no ha adquirido los con­tornos de gravedad que se registran en América Latina—según distintas miradas, la región más violenta del mundo—, se advierten sin embargo cambios profundos en la estructura social que cuestionan los perfiles tradicionales de convivencia. El crecimiento del delito, la multiplicación de variados tipos de violencia, la crisis humanitaria del sistema carcelario, las deficitarias y des­legitimadas respuestas institucionales, la sensación de inseguridad, etcétera, han prosperado al ritmo del deterioro socioeconómico, la fragmentación social y el creciente desarrollo de una cultura del miedo y la desconfianza. En los últimos veinte años, Uruguay ha oscilado sin demasiada convicción entre el endurecimiento punitivo y las tibias iniciativas preventivas. Las leyes, los códigos y otras normas, dictadas al ampa­ro de las exigencias de la opinión pública, han reconocido nuevas realidades y en muchos casos han elevado el umbral de las penas. Los resultados de todo ello pueden sintetizarse de la siguiente manera: los delitos de mayor impacto, como por ejemplo las rapiñas, no han parado de aumentar; Uruguay llegó a tener las tasas más altas de población privada de libertad de todo el continente; la modernización del Estado se ha salteado los sistemas policial y penal; la inseguridad ciudadana reside en cotas altas con absoluta autonomía de las decisiones políticas y estatales. Las políticas de prevención del delito han tenido su relevancia. Además de los nuevos espacios institucionales dentro del Ministerio del Interior, Uruguay ejecutó entre 1998 y 2004 el Pro­grama de Seguridad Ciudadana—analizado en la cuarta parte de este libro—, que ambientó procesos de fortalecimiento estatal, estrategias de vinculación con la comunidad, abordajes de fenómenos como la violencia doméstica y planes innovadores en materia de rehabilitación de jóvenes privados de libertad. Sin embargo, la prevención del delito no ha configurado en