Los desafíos institucionales en materia de seguridad pública: el caso CNR Agustín Deleo Mas Augusto Vitale Marino C omo parte de las políticas de seguridad pública se debería tomar en cuenta la actual evolución de las prácticas profesionales de nuestro sistema de justicia criminal, y vincularla necesariamente con los esfuerzos en torno de la llamada prevención social del delito, mejor entendida como gestión de responsabilidad social compartida. A lo largo del presente artículo intentaremos demostrar la necesidad de considerar tanto la inversión en programas de intervención y de reinserción social, como en políticas de prevención y participación ciudadana en forma integrada, abandonando la actual fragmentación de los esfuerzos de los distintos actores. Afirmamos que la inversión social en programas de apresta­miento y de inclusión sociolaboral con infractores significa una importante disminución de los costos económicos y sociales destinados al control de la criminalidad en el área de la seguridad pública. Desde 1971, el sistema carcelario se encuentra en la órbita del Ministerio del Interior. Una de las recomendaciones, con gran acuerdo internacional, es que esos establecimientos sean admi­nistrados por personal técnico especializado, como servicio público y con alto grado de control democrático de la sociedad sobre la gestión penitenciaria. Durante el período comprendido entre los años 1990 y 2004 nuestro país tuvo una de las tasas más altas de personas privadas de libertad por habitante de América Latina. Una institución que procure con eficacia abordar la problemática de la privación de libertad y que pueda presentar resultados positivos es una isla en un mar de desgracias. En forma oscilante la sociedad nos interpela y plantea continuamente una serie de exigencias y demandas, como consecuencia del aumento de la violencia, la inseguridad y los miedos. Pero