30 Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) 1. La coordinación es clave México no ha tenido una política articulada de desarrollo productivo desde los años setenta ni un proyecto nacional de desarrollo de largo plazo que integre a los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil. Si bien se desarrollaron instrumentos de una PDP, como programas de apoyo sectorial, el fomento de la actividad exportadora y el financiamiento a mipymes, no ha habido una visión coordinada de política productiva que logre la cooperación entre actores. De hecho, una característica de las políticas productivas es su dispersión institucional, tanto en su diseño como en su ejecución y evaluación. En sus estudios que incluyen a diversos países, de varios tamaños y niveles de desarrollo, Devlin y Moguillansky(2011) y Máttar(2018) muestran que, para lograr resultados exitosos en términos de desarrollo productivo, es esencial tener una visión compartida y de largo plazo entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Aun cuando las visiones u objetivos de desarrollo de cada país o región pueden ser muy distintas, la cooperación y los consensos entre los distintos actores involucrados parece ser indispensable, así como la creación de marcos institucionales con vocación experimentalista o de adaptación iterativa, que aseguren el cumplimiento de los planes, su continuidad y la rendición de cuentas. Para implementar una PDP integral es necesario diseñar un complejo sistema de coordinación a varios niveles: i) entre el sector público y el privado; ii) entre diferentes secretarías de Estado y iii) entre las entidades de gobierno del nivel federal, estatal y municipal. La experiencia internacional muestra que la articulación y colaboración entre el sector público y privado es clave para la implementación exitosa de políticas de desarrollo productivo. Idealmente esta colaboración se debe dar de manera institucionalizada y transparente, buscando consensuar una visión común de país de largo plazo y alinear decisiones estratégicas de inversión(Máttar, 2019). Por lo tanto, es necesario contar con canales institucionalizados para la continua negociación y renegociación de las metas, objetivos y políticas públicas entre el gobierno y los grupos de interés(Rodrik, 2022). La implementación de las políticas productivas necesita de todos los niveles de gobierno e involucra diversas dependencias públicas. Los enfoques de implementación pueden variar desde una estrategia nacional, a sectores específicos, sectores interconectados, un enfoque sobre regiones o incluso a enfoques de clústeres y cadenas de valor. Idealmente se debe contar con un mecanismo de coordinación entre estos diferentes niveles y mecanismos de retroalimentación. Para esta tarea puede resultar muy útil el diseño de gobernanza multinivel mencionado anteriormente, que propone un sistema de reglas del juego, incentivos y mecanismos institucionales a diferentes niveles de gobierno que facilitan la articulación de actores, acciones y recursos a diferentes niveles. Por ejemplo, las iniciativas clúster, cuyo diseño e implementación tiene un enfoque más territorial, ya que suceden en el espacio físico y con la red de actores que se ubican en él, se beneficia de un Estado con capacidades de convocar a diversos actores e instituciones para resolver problemas y buscar soluciones de largo plazo. 2. El Estado, actor fundamental del desarrollo La experiencia internacional muestra que, en muchos casos, la consecución de un crecimiento elevado, sostenido y convergente ha dependido crucialmente de Estados que desempeñan un papel activo, proactivo y constante. Esto se ha logrado a través de políticas de desarrollo productivo, tanto horizontales como verticales, la creación de mercados, el respaldo a empresas o sectores específicos, la promoción de la modernización tecnológica, el apoyo a procesos de aprendizaje, la eliminación de obstáculos, la regulación de los mercados, la gestión de financiamiento y la promoción de misiones con una clara vocación transformadora(Salazar-Xirinachs y Llinás, 2024; Mazzucato y Rodrik, 2023). Los retos que enfrenta el desarrollo productivo de México ameritan una estrategia en la que el liderazgo y la coordinación del Estado son fundamentales. Este es un gran desafío, pues desde hace cuatro décadas se registra un alejamiento de su protagonismo como actor central del desarrollo y un debilitamiento de sus capacidades institucionales. Es responsabilidad del Estado convocar a la sociedad y al sector privado a construir una visión común de nación y asumir su ejecución, en un marco de participación amplia, democrática, abierta y transparente para caminar hacia ese escenario construido colectivamente. Se trata de un gran pacto que, en la medida que sea ampliamente participativo, incluyente y transparente, garantice su pertinencia y permanencia en el tiempo(Máttar, 2020). Para esto,