IV. Conclusiones Como se ha visto, la televisión es un sector en el que se deben proteger la competencia, la pluralidad y la diversidad, porque están en juego el derecho a la información, la libertad de expresión, la formación de los niños, la cultura y la identidad de los ciudadanos por medio de un recurso público y de regulación estatal como son las frecuencias y el acceso a la instalación de redes de cable, satelitales, inalámbricas, etcétera. El Estado, como ocurre en otros sectores económicos, puede velar por un mercado efi­ciente entre empresas haciendo cumplir los estándares internacionales de diversidad y pluralismo. Para ello debe contar con un mar­co institucional que le permita cumplir con ta­les objetivos. Como se ha visto a lo largo de este artículo, esto no ocurre en Uruguay en el sector que abarca los servicios de comunica­ción audiovisual. Ni la asignación de las frecuencias ni el mar­co regulatorio se han construido de la mejor manera, lo que ha permitido llegar a situacio­nes de pocos actores dominantes, como las ya descritas. En cualquier caso, para mejorar la situación no parece posible mirar hacia el pasado. Deshacer lo ya hecho colisiona con 28 derechos adquiridos, complicaría la actual ecuación de una industria nacional con cien­tos de empleos y tendría consecuencias políti­cas predecibles. Según el diagnóstico realizado, el nuevo mar­co regulatorio en Uruguay debería incentivar la competencia en todos los mercados de la comunicación e impedir niveles de concentra­ción como los observados tanto en televisión abierta, como en televisión para abonados, como en lo que se ha denominado en este tra­bajo el mercado conjunto de televisión. El avance de las tecnologías digitales permiti­ría generar un marco regulatorio más adecua­do para mejorar la competencia de los medios en Uruguay, y con él iniciar el camino para que, sin alterar el marco político institucional en el que se mueven actualmente los medios, generar una situación de mayor diversidad a mediano plazo. En primer lugar, el advenimiento de la televi­sión digital terrestre en Uruguay abre la po­sibilidad de obtener una mayor cantidad de operadores públicos, privados comerciales y comunitarios en el mercado de la televisión abierta.