demosceirncaodcEniiaclóa,mnltir 1 usiacmenavosoyfuoccrrormunisgtaieuscxaidtóyoenol: En las últimas décadas, el Uruguay ha experi­mentado una«doble transición», al igual que otros países de América Latina. La primera tran­sición, se refiere a la salida del régimen autori­tario instaurado en nuestro país en 1973 y se cierra con la restauración democrática en los años 80(Lanzaro, 2000). La segunda, al pasa­je de un modelo de desarrollo«hacia adentro» a un modelo de desarrollo caracterizado por la transnacionalización de la economía nacional (Reinhardt–Peres 2000). La transición de un modelo de desarrollo a otro no solo causó transformaciones significativas en la estructura económica, impactando en el mercado laboral, sino que también implicó cam­bios en la matriz socio–política en que se sus­tentaba dicho modelo. En el modelo sustitutivo de importaciones, el gobierno y el sistema polí­tico actuaban como sistema de distribución de recursos. Así, en una economía cerrada, de fuerte participación estatal, la legislación labo­ral fue el reflejo del modelo: un conjunto com­plejo de regulaciones que enmarcaban las de­cisiones patronales y protegían al asalariado y sus organizaciones. La legislación laboral, en­tre 1930 y 1970, tuvo un carácter tutelar, regu­lador y protector de las relaciones laborales. Desde los 70 se inicia el retiro del Estado en lo económico, y principalmente en los 90 la apertura comercial y la flexibilización del mer­cado de trabajo completa un proceso de desmantelamiento de las regulaciones que existían en el modelo anterior. La intervención del Estado se limita a definir el salario mínimo nacional. Así, el sistema político deja de ser el espacio de articulación de intereses, y el Es­tado, asume un rol de contención de las de­mandas socio–políticas. Por su parte, el actor sindical pierde presencia y poder negociador. El apoyo político y legislativo que concita, no tiene la capacidad de garantizar condiciones de simetría y protección necesarias para po­der negociar. El actual sistema de relaciones laborales es resultado también de una estrategia de flexibilización empresarial que está articulada a nuevas formas de organización de la produc­ción y nuevos modos de relacionarse con el mundo del trabajo. Las empresas descentrali­zan su producción, tercerizan sus tareas, subcontratan, se transnacionalizan. Estos pro­cesos son considerados legítimos desde el derecho civil, comercial y tributario. Sin embar­go, la legislación laboral no ha previsto la mul­tiplicidad de situaciones que generan estos cambios y que dejan sin protección a los/as tra­bajadores/as. Por lo tanto para comprender la magnitud de los cambios en el mercado laboral se hace ne­cesario analizar las transformaciones de los años 90: apertura comercial y flexibilización la­boral. 6