¿Radiodifusión o algo más? Por tanto, es imprescindible contar con una ley de telecomunicaciones para regular las infraes­tructuras, como también aprobar una ley que re­gule los servicios audiovisuales que las utilizan como soporte, y que reconozca que estos no son simples mercancías. Son leyes con objetos e instrumentos de regulación muy distintos. Está surgiendo un debate interesante al res­pecto en países como Argentina y Ecuador, pero Europa lleva la delantera en regulación de la convergencia. En 2007 se aprobó la Directiva sobre Servi­cios de Medios Audiovisuales para incorpo­rar los desafíos regulatorios que presentan las nuevas tecnologías, independientemen­te de la tecnología usada. Lo importante es su valor como portadora de informaciones, opiniones, sentidos y valores, así como su influencia en la opinión pública, no el soporte tecnológico que utilice. Se incluyen por tan­to los tradicionales servicios de radiodifusión televisiva o audiovisual, pero también la tele­visión para abonados en sus distintas plata­formas(cable, mmds [ Multichannel Multipoint Distribution Service, distribución multipunto multicanal], uhf [Ultra High Frequency, fre-_ cuencia ultra alta ], etc.) y hasta la iptv ( Inter­net Protocol Television), distribuida sobre el protocolo internet. En Uruguay hace muchos años que se viene planteando la necesidad de revisar la vieja y pobre Ley de Radiodifusión. La que está vi­gente tiene origen en la dictadura, aunque fue revisada a comienzos del período democráti­co; tiene apenas unos artículos muy genera­les. Por tanto el marco regulatorio se ha desa­rrollado por medio de decretos presidenciales que terminaron armando un entorno normati­vo fragmentado, débil e inadecuado y que no brinda las necesarias certezas jurídicas. Ade­más, como se ha dicho, es anacrónico, pues no atiende ni la convergencia tecnológica ni los estándares en materia de libertad de ex­presión que se han elaborado en los últimos años en nuestra región. La digitalización de la radio y la televisión, así como el cambio de gobierno, suma a la nece­sidad de adecuación una nueva oportunidad para abordar este desafío, lo cual debería ha­cerse con la más amplia participación ciuda­dana y de todos los actores involucrados. La entrada de la televisión digital y la posibili­dad de que ello signifique una democratización del sistema de medios y una mayor diversidad de operadores y contenidos plantean desafíos regulatorios que aún no han sido definidos y que van mucho más allá de la elección del es­tándar técnico que adoptó Uruguay. La ley y las políticas públicas a desarrollar deben res­ponder a estos desafíos. Por otro lado, los organismos interamericanos de protección y promoción de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos( cidh ) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han comenzado a elaborar estándares en materia de radiodifusión y servicios audiovisuales por­que existe la creciente comprensión de que algunos marcos regulatorios no serían com­patibles o no son suficientes para garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios. Como se verá en el desarrollo de este docu­mento, se propone un enfoque similar al eu­ropeo; no solamente hacer una nueva de ley de radiodifusión, sino una ley de servicios de comunicación audiovisual. Además, se han detallado algunos de los aspectos claves que debería contener esa nueva norma tomando como referencia los avances legislativos logra­dos durante el primer gobierno frenteamplista y los estándares interamericanos e internacio­nales en materia de derechos humanos y liber­tad de expresión, con el objetivo de garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios, sin lo cual la democracia y el pleno ejercicio de las libertades de expresión e información no son posibles. Esperamos que estos aportes sean de utilidad para las personas, los organismos estatales y los actores empresariales, académicos y so­ciales que participen en ese proceso.