civil, incluidos los medios de comunicación, pudiera reci­bir financiación desde el exterior sin autorización(ni siquiera los húngaros con doble nacionalidad), sino que también encargaba a la Oficina de Defensa de la Sobera­nía(presidida por un aliado y amigo del premier, pro­puesto por este último) realizar investigaciones y compi­lar listas. La Oficina define la“amenaza a la soberanía” basándose en el cumplimiento o incumplimiento de algunos principios establecidos en la Constitución de Orbán, por ejemplo los que definen Hungría como demo­crática o la identifican con la familia heterosexual. De hecho el cumplimiento de la“soberanía” acababa coincidiendo con la adhesión a la propaganda de Orbán: los que no estaban de acuerdo acabarían en la lista negra, podrían ver congeladas sus cuentas bancarias o perder el trabajo. La reacción de los medios de comuni­cación libres y las organizaciones internacionales impidió la aprobación de la ley, en un principio prevista para el verano; pero el bastidor del proyecto de Orbán quedó intacto, porque sigue vigente la controvertida“Ley de Protección de la Soberanía Nacional” de 2023, en la que se injerta la“ley rusa”. También sigue el uso rastrero que se hace de la Oficina establecida por Orbán: Stefano Bottone, historiador de Europa oriental y biógrafo crítico de Orbán, opina que la transformación en “régimen anida precisamente en la creación de un marco prejurídico, mediante la Oficina de defensa de la Soberanía, que permite al gobier­no obstaculizar por medio de la ad­ministración – o sea sin involucrar a la judicatura – un gran abanico de organizaciones, incluido Tisza”. 14 Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.