que habilita expresarse a los más carentes del «poder suficiente para entablar un conflicto abierto» 42 por sus necesidades. Durante el proceso de elaboración del antepro­yecto de ley de asociaciones civiles se revelan un conjunto de rasgos de articulación entre so­ciedad civil y estado cuya síntesis es transfe­rencia de poder. Ello se expresa en el espacio de deliberación abierto para intervenir, directa­mente y desde el principio, en la definición de los contenidos de un texto legal a ser promovi­do desde un Poder Ejecutivo que cuenta con mayorías suficientes para aprobarlo. La discu­sión incluyó desde los principios rectores al ar­ticulado más fino, y la participación estuvo abier­ta a diferentes agencias de gobierno, amplias representaciones de la sociedad civil, figuras de la academia, expresiones de distintos grupos de interés profesional y también personas integran­tes de los partidos políticos de la oposición. La generación de un espacio de genuina delibera­ción ciudadana supuso aportar la información necesaria y habilitar el tiempo necesario para la reflexión y análisis en los ritmos posibles para agentes no especializados(como muchas insti­tuciones de la sociedad civil). Los contenidos(dramáticamente sencillos) de la propuesta original de la Comisión de Revi­sión y Estudios Normativos y el proceso en que fueron debatidos comparten un mismo núcleo, removedor y conflictivo: el descenso de los po­deres estatales a favor del ejercicio de una ciu­dadanía más plena 43 . Precisamente fue en torno al pasaje de la«so­ciedad de la desconfianza a la sociedad de la colaboración y la autorregulación» que se pro­dujeron los debates más sustantivos y se cons­truyeron los acuerdos más trascendentes. 42 Real de Azúa, Carlos(1973), Uruguay ¿una sociedad amortiguadora? EBO. Montevideo. 43 Se hace referencia al«poder estatal»(principalmente administrativo) que consagra la actual legislación en materia de asocia­ciones civiles. Sin embargo es interesante dejar constancia que el anteproyecto de ley es también una ruptura del monopolio de la legitimidad legal que, de hecho, recae casi exclusivamente en organizaciones de la sociedad civil con mayor trayectoria, más fuertes en diversos capitales, en definitiva«instituidas», frente a las nuevas y más simples formas de asociación que ciudada­nos y ciudadanas se proponen desarrollar. En esta medida resulta relevante el apoyo brindado al anteproyecto por grandes ONGs y redes de segundo grado. 23