conjuntamente con el ciclo depresivo de estas economías ha generado una precipitación de situaciones de insolvencia e iliquidez en varios países deudores en diversas zonas del mun­do. Ello ha acelerado todo el proceso de discu­sión y acción en las relaciones de acreedores y deudores. Estas nuevas urgencias son las que demandan de las elaboraciones previas res­puestas y orientaciones más practicas que las que ellas pueden otorgar. Ante ello los países urgidos por los desenlaces críticos se lanzan a experiencias de solución individual en la cual comprometen con mucho riesgo sus últimos equilibrios económicos y una porción importante de sus ya escasos créditos de confianza inter­na y externa. Es obvio que los resultados de las nuevas experiencias ingresarán a la matriz en la cual se deciden los coeficientes de aho­rro e inversión interna, los que en Latinoamérica en particular eran ya extremadamente escasos frente a los promedios del mundo desarrolla­do. En el caso de América Latina sus crecien­tes diferenciales con los niveles de ahorro e inversión que enseñan otras zonas del mundo en desarrollo compromete aún más la solución de sus problemas actuales. Todo esto está di­rectamente vinculado al tratamiento de la deu­da pública. La experiencia latinoamericana demanda al debate actual La velocidad de los cambios en el tratamiento y negociación de las deudas públicas de los países emergentes es notable. En lo que va del año, más precisamente en los tres últimos me­ses –marzo/mayo 2003– ha sido virtualmente desecha la propuesta de Anne Krueger. Norte­americanos y europeos –por distintas razones– entienden que no es posible radicar en la órbi­ta de una organización desmerecida técnica y políticamente como el FMI la instrumentación y juzgamiento de los procesos de flexibilización de la deuda. Empero, desde el centro crece el reconocimiento que el peso de la deuda sobe­rana de los países dependientes amenaza ge­neralizar un desequilibrio insoportable para el conjunto del sistema. Dado lo cual, los orga­nismos multilaterales han aceptado el impera­tivo de considerar nuevas formulas de preser­vación de los riesgos de insolvencias. Incluso, ahora se auspicia la introducción de cláusulas de protección y acción colectiva en las nuevas emisiones de deuda. 5 En pocas semanas no sólo se han producido modificaciones importantes en las estrategias de los acreedores y organizaciones multilaterales. En el área de los deudores; también la simple comunicación inicial del tema ha generado en un conjunto de analistas, funcionarios y mili­tantes de las organizaciones sociales nuevas reflexiones; reflexiones sobre la deuda en si, y sobre todo, en relación a sus vínculos con el funcionamiento de las jóvenes democracias latinoamericanas, con el conocimiento y el relacionamiento con los acreedores y los regu­ladores. Y también con las propias responsabi­lidades civiles de centenares de miles de ciu­dadanos directamente involucrados en el tema de la deuda pública. Dudas nuevas de viejas deudas Quizás lo más interesante de la nueva discu­sión sobre la deuda sean las interrogantes que genera de inmediato el tema. Dejemos algu­nas de ellas abiertas como estímulo a la conti­nuidad de la discusión y, sobre todo, como con­tribución a la extensión del debate al conjunto de la sociedad civil latinoamericana. Interesa observar la posibilidad de lograr integrar en los nuevos análisis los aportes de la vieja discu­sión latinoamericana sobre acumulación inter­na y dependencia, ahora en escenarios de globalización y en atención a los imperativos de la economía del riesgo. Por ahora y a ma­nera de resumen veamos tan sólo algunas de esas nuevas interrogantes: 5 Propuestas formales de John Taylor y celebración personal de las iniciativas en tal sentido de México, Brasil y Uruguay. 13