cias de los excluidos(las fracciones menores y los representantes de las«bases» del FA). En este sentido, debería asumirse y evaluarse, en términos de costos decisionales, la tensión, in­trínseca a todo proceso decisorio, entre la legi­timidad que emerge de la inclusión del mayor número posible de actores y los requerimien­tos de ejecutividad propios de la acción guber­nativa. Del Frente Amplio al Encuentro Progresista y la Nueva Mayoría Todo esto se complejiza aún más dada la se­cuencia FA–EP–NM que necesariamente debe­rá recorrerse en el proceso de toma de decisio­nes. En este sentido, no será un dato inocuo cuál sea el orden de esa secuencia: decisión en la interna del FA y luego negociación a nivel de EP y NM o a la inversa. En cada caso, los proble­mas y los resultados serán distintos. Ello hace recomendable considerar la conveniencia de diseñar mecanismos institucionales para zanjar la cuestión o dejarlo librado al trámite de cada caso. Para ilustrar este dilema con casos con­cretos, pueden plantearse algunas situaciones previsibles desde una perspectiva de acceso eventual a la titularidad del gobierno nacional: ¿Qué secuencia se seguirá para designar el Ga­binete? ¿Quién, cómo lo hará? ¿Qué criterios o cuotas se utilizarán?. Dicho más crudamente, ¿cuál es el primer ámbito de asignación de mi­nisterios? Y este mismo caso deberá repetirse para ocupar la vasta red de cargos de confianza en la Administración Pública. Es claro que, como se dijo, la secuencia, el orden de los ámbitos en que se toman este y otro tipo de decisiones no resulta nunca inocua. Produce efectos. Si se di­señasen mecanismos institucionales que prede­terminaran esa secuencia, de cualquier forma debería preverse qué mecanismos habrían de utilizarse para obtener legitimidad ante la estruc­tura del FA en uno u en otro orden de preferen­cias. Estas secuencias(dependiendo de even­tuales mecanismos de ponderación) generarían desproporcionalidad para uno u otro lado, todo lo cual podría reforzar la conveniencia de cen­trar la relación partidaria en la bancada parla­mentaria o en el equipo gobierno. De modo adicional deberá lidiarse con el si­guiente problema: el gobierno y la Administra­ción Pública van a absorber buena parte de los cuadros políticos del FA. Esto provocará un vaciamiento de su estructura en los niveles de dirección intermedia y superior y el acceso a los mismos de otra generación de cuadros pro­bablemente con menor experiencia y formación. Ello puede producir una saludable renovación pero, a su vez, puede también ocasionar dos efectos no necesariamente positivos: que el nivel y la capacidad de dirección del FA se devalúe y por tanto la Presidencia tenga incen­tivos para reducir su nivel de relación y consul­ta; y que se configure un escenario propicio para el distanciamiento crítico del FA respecto a la conducción del gobierno. De cualquier forma, este relativo distanciamiento, en particular a medida que transcurre el período de gobierno, es un elemento muy difícilmente evitable. La experiencia internacional acumulada mues­tra que los miembros de los partidos tienden a sostener posturas que consideran más fieles a los principios de su organización y se sienten defraudados por los posicionamientos de sus dirigentes que, en la gestión gubernativa, ne­cesariamente deben ingresar en negociaciones, acuerdos y concesiones, las que tienden a ser visualizadas negativamente por la militancia partidaria. Por su parte, el tipo de liderazgo que se cons­truya o que se consolide(siempre en caso hi­potético de obtenerla) desde el ejercicio de la Presidencia de la República no resulta ajeno a esta problemática que venimos analizando. Vázquez ha desarrollado un estilo de liderazgo partidario menos consensualista y negociador que el que fue característico de Seregni. Como acabamos de señalar, también ha estado me­nos sujeto a la estructura partidaria del FA y más volcado a los espacios donde tiene las manos más libres(EP). Eventualmente ello podría ser un elemento positivo desde el punto de vista de una conveniente autonomía de ac­ción del Gobierno frente al Partido, en particu­lar para asegurar el distanciamiento respecto a sus disputas internas, así como en relación a las trabas y demoras en su proceso de decisio­21