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La izquierda uruguaya y la hipótesis del gobierno : algunos desafıós polıt́ico-institucionales
Entstehung
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cia, una sociedad fragmentada y vulnerable, se ve progresivamente molesta e insatisfecha ante gobiernos y actores políticos que, si bien de­ben legitimarse y relegitimarse localmente, se encuentran forzados a formular una parte sig­nificativa de sus decisiones en función de los intereses de actores internacionales. 11 C ONDICIONES ESTRUCTURALES II: La transformación del modelo sustitutivo en el caso uruguayo El modelo de sustitución de«importaciones» se encontraba fuertemente articulado en torno a políticas de concertación entre tres actores orien­tados a la producción de bienes no transables: el Estado, los trabajadores y los empresarios (específicamente aquellos orientados al merca­do interno). Los exportadores de materias pri­mas, financiaban este triángulo desde fuera, al obtener moneda extranjera para financiar la im­portación de tecnología y bienes de capital. En dicho modelo, el Estado era capaz de distribuir rentas entre sindicatos y empresarios a«bajo» costo, transfiriendo los incrementos salariales a precios y aislando a los productores locales de la competencia internacional mediante la utili­zación de barreras arancelarias y subsidios. El Estado, a su vez, intervenía directamente en la economía(mediante la propiedad y gestión de actividades y empresas estratégicas) y en la pro­visión de políticas sociales de corte universalista. 12 Este«triángulo» socioeconómico sobre el que se articulaba el modelo sustitutivo adquirió«tamaños» diferentes en distintos paí­ses. En otras palabras, el grado de inclusión social alcanzado por el modelo sustitutivo cons­tituye una variable relevante(junto con factores institucionales) al momento de entender la trans­formación de dicho modelo y sus implicancias en términos de la configuración de matrices de expectativas, orientaciones ideológicas y la dis­tribución de recursos institucionales capaces de afectar el proceso de formulación de políticas. En Uruguay, el triángulo articulado en torno al modelo sustitutivo fue comparativamente exten­so. Esto supone la presencia de una constela­ción de actores sociales con capacidad organi­zacional y recursos institucionales significativos, al momento de defender dicho modelo ante los intentos reformistas. En dicho contexto, el FA ha actuado eficientemente como catalizador y articulador de una«coalición de veto», que ha operado blo­queando y amortiguando dichos intentos de reforma. En este proceso, el FA ha asumido la defensa de la matríz«batllista», lo que le ha permitido convocar y generar adhesiones más allá de los actores sociales específicamente organizados en función de la defensa del mo­delo sustitutivo. Esto ha sido posible en el mar­co de un clima de opinión pública en el que esa matríz«batllista», asociada a una fuerte inter­vención estatal y orientada hacia un modelo de país productivo, resulta prácticamente hegemónica como orientación ideológica y como sustrato dominante en el imaginario co­lectivo. En Uruguay, por tanto, todo intento de reforma supone altísimos costos electorales, los que a su vez se multiplican en un contexto de cre­ciente competencia electoral. Dichos costos, junto con el alto grado de articulación de la coa­lición de veto y la disponibilidad de recursos institucionales funcionales al bloqueo de inicia­tivas en ese sentido, han moderado los propios intentos de reforma. Por esta razón y en buena medida«forzados» por la necesidad de adap­tarse a un nuevo marco de competencia inter­nacional, los sucesivos gobiernos han introdu­cido reformas importantes principalmente en áreas de política caracterizadas por una confi­guración de intereses dispersa o de baja visibi­11 La experiencia de gobierno del PT en Brasil es una instancia que ilustra claramente estos constreñimientos. 12 Como contraparte de sus evidentes virtudes en términos de inclusión social, el modelo introducía una alta presión inflacionaria, generaba problemas endémicos de balanza de pagos(ante la incapacidad de producir tecnología a nivel local) y reducía los incentivos para la innovación. En términos políticos, los altos grados de inclusión social se articulaban en función de redes horizontales y extendidas de mediación clientelar. 25