66 Carmen Luisa Roche/Jacqueline Richter A manera de conclusión El problema de la falta de acceso a la justicia es sin duda funda­mental, en tiempos en que los derechos que se reconocen a todos los seres humanos por el sólo hecho de serlo han cobrado una importan­cia como nunca antes la tuvieron. De nada vale reconocer derechos si no se pueden hacer valer y ese presupuesto fundamenta el derecho de acceso a la justicia para todos y todas por igual. Ese derecho, aunque ya gozaba de reconoci­miento formal, es desde hace medio siglo que ha sido objeto de pre­ocupación por hacerlo realidad. Así nació un movimiento en mu­chos países que dio lugar a innumerables experiencias para llevar servicios jurídicos a los pobres, diseñar estrategias y procedimientos dirigidos a reclamar los nuevos derechos reconocidos a los grupos e incluso para proteger intereses que nunca antes habían recibido pro­tección, para proponer reformas a las leyes, a los procedimientos, a las instituciones, así como nuevas alternativas de solución de con­flictos, todo ello con el fin de dar respuesta a la necesidades de acce­so a la justicia de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos con menores recursos. Todavía falta mucho por hacer, aun en aquellas sociedades desa­rrolladas donde se iniciaron esos movimientos y donde existe una relativa igualdad social y funciona el Estado de Derecho. Entre nosotros el problema del acceso a la justicia para todos los ciudadanos por igual es evidentemente uno que apenas hemos co­menzado a rozar. Por lo pronto, mejorar el acceso a la justicia pasa por fortalecer el Estado de Derecho. Adicionalmente, las soluciones diseñadas en otras sociedades para resolver el problema del acceso pueden no ser las que nosotros necesitamos y muy posiblemente se requiera más investigación al respecto. Pero ya existen algunas pro­puestas, en particular las incluidas en el nuevo proyecto sometido a la consideración del Banco Mundial que pueden dar un impulso se­rio al intento por mejorar el acceso a la justicia en Venezuela.