110 Carmen Luisa Roche/Jacqueline Richter Conclusiones y propuestas de políticas públicas En este trabajo han quedado en evidencia algunos“nudos gordia­nos” de nuestra manera de pensar y percibir el mundo que afectan ne­gativamente la posibilidad de usar el sistema de administración de justicia para hacer valer nuestros derechos, cuando son vulnerados. Enfrentar esas formas de asumir la vida social, esas creencias arrai­gadas, y, en palabras de Maritza Montero, esa“desesperanza apren­dida” requiere transitar un largo camino hacia otro aprendizaje. Este estudio permite identificar varios“prerrequisitos” para de­cidirnos a utilizar el sistema de administración de justicia. Cuando nuestros valores, percepciones, creencias y expectativas no permiten cumplir con esos prerrequisitos, estos valores, percepciones, expec­tativas y creencias se convierten en barreras fundamentales para el acceso a la justicia. Se trata de problemas intrínsecos a la cultura del venezolano, que, aunque no son inmodificables y, de hecho, son sus­ceptibles de influencia a través del buen funcionamiento del sistema jurídico, resultan barreras al acceso a la justicia mucho más determi­nantes que las inherentes a la organización y funcionamiento del siste­ma jurídico, pues pueden paralizar cualquier iniciativa para usarlo. Información, formación y organización son factores clave para contrarrestar estas barreras culturales, pues tienen gran potenciali­dad a la hora de desandar el camino de la desesperanza aprendida y el autoritarismo. La información sin duda es un elemento vital para tomar cual­quier decisión. Si la persona desconoce sus derechos y cómo hacer­los valer, parte de una situación de desventaja. Por ello, informar a los ciudadanos sobre sus derechos y sobre qué hacer y dónde acudir para solicitar su protección es una tarea imprescindible si se preten­de mejorar el acceso a la justicia de la población en general. Las políticas públicas pueden reforzar varios“corredores de infor­mación” que ya existen. En primer lugar, las propias organizaciones comunitarias, en segundo lugar, los servicios estatales de informa­ción jurídica y, en tercer lugar, las estrategias comunicacionales que difunden el contenido de las diversas leyes. La información requiere de la existencia en el sujeto de una estruc­tura cognoscitiva para poder ser procesada. Por ello, la educación en los valores de la democracia, que combatiría el autoritarismo, sumada al desarrollo de una formación en los derechos y deberes ciudada-