miento» del proceso integracionista, uno de cuyos componentes fundamentales resultaba la discusión de una nueva institucionalidad y dentro de ella, una consolidación de la dimen­sión parlamentaria del proceso de gobierno del M ERCOSUR . A partir del año 2003, estos temas han profundizado su lugar en el marco de la consolidación de una nueva agenda de carác­ter más propositivo del bloque: en la actuali­dad se discute la instalación próxima de un Parlamento del M ERCOSUR ; se toman como pasos previos decisiones de importancia como la emanada del Acta Interinstitucional entre el CMC y la CPC de octubre del 2003, en la que se creó un régimen de consulta entre ambas instituciones; entre otras iniciativas. En esa nueva institucionalidad, no cabe duda que como factor de una mayor gobernabilidad del MERCOSUR habrá de asentarse en forma or­gánica una muy importante profundización de la dimensión parlamentaria en todo el proceso integracionista, más allá del formato que se elija para lograr dicho objetivo en el nuevo Pro­tocolo. La reforma parlamentaria en la agenda de las democracias latinoamericanas La última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI no han constituido por cierto un período de serenidad para las instituciones parlamentarias en términos de comparación mundial. Numerosos estudios suponen(o ad­miten rápidamente, a veces tras sumaria justifi­cación) que los Parlamentos se encuentran en todas partes afectados por la fraccionalización de los partidos o por los bloqueos recíprocos suscitados entre los actores del sistema políti­co, luego transferidos al juego institucional. Los analistas advierten a menudo que los ciudada­nos se manifiestan disconformes con los legis­ladores y la llamada«crisis de la representa­ción política» aparece ya rutinariamente en los programas de cursos y seminarios de ciencias sociales. De vez en cuando una encuesta de opinión pública corrobora que el desprestigio del Parlamento tiende a aumentar y que su ima­gen empeora. También ha comenzado a for­mar parte de la«sabiduría convencional» la afir­mación de que las legislaturas pierden influen­cia en forma continua en favor de los Poderes Ejecutivos(presidente, gobernantes municipa­les, etc.), que los sustituirían(mediante cambio de las normas constitucionales o simplemente en la práctica) o los subordinarían a su capaci­dad de iniciativa y a sus posibilidades privilegia­das de abonar técnicamente sus planes y sus políticas. En los últimos tiempos los temas del fortaleci­miento y la modernización de los Parlamentos han adquirido una creciente centralidad en la agenda política de América Latina. La trans­formación general de los sistemas políticos, soporte fundamental en los procesos de rees­tructuración económica y social desplegados en la región, ha encontrado en esta problemá­tica un escollo y un desafío ineludibles. En esta circunstancia han operado distintos factores, cuya enumeración sintética contribu­ye a delimitar mejor el problema y los posibles cursos de acción: se ha acrecentado el desprestigio de los Parlamentos, lo que en algunos casos ha vuelto más precaria su legitimidad pública como centro indispensable para la estabili­dad y el equilibrio de las instituciones de­mocráticas; se han profundizado distintas asimetrías en el relacionamiento entre los poderes Eje­cutivo y Legislativo, con menoscabo per­sistente de la capacidad de iniciativa de este último; se han constatado deficiencias muy impor­tantes y generalizadas en los sistemas de asesoramiento técnico y de respaldo infor­mativo de los parlamentos, lo que contri­buye a la frecuente ineficacia de sus accio­nes; el cultivo del«decisionismo» y ciertos fe­nómenos de reacción antipolítica han pro­fundizado al nivel de la opinión pública un descrédito de las funciones mismas del le­gislador, las que por otra parte son fuerte­mente afectadas por transformaciones de toda índole que tienden a complejizarlas cada vez más. 23