Advirtamos también que construir política hoy en el marco de sociedades en donde el Esta­do ya no puede lo que antes podía, implica evitar atajos perezosos, atajos simplistas. Aquí el tema, el gran tema, vuelve a ser qué Estado y qué instituciones públicas queremos y nece­sitamos, cómo construir una política que no sea «estadocéntrica», qué modelo de relación en­tre instituciones como el Parlamento y la so­ciedad civil resulta el más fecundo para reno­var las vías de comunicación y representación, cómo se contribuye de la mejor manera a la construcción de espacios públicos no estata­les, cómo terminamos con esa estatalización de lo público que tantas veces nos impidió pen­sar de manera más libre la política, sociedad y la cultura. El Parlamento como instrumento de fiscalización. Su aporte para una mayor transparencia para las democracias En las páginas anteriores se ha hecho hinca­pié en ciertos aspectos que pueden configurar un soporte(no el único pero sí uno indispen­sable) para profundizar la concreción de un mejor aporte de los Congresos para una ma­yor transparencia en la vida cívica y en la tra­mitación de los asuntos públicos en nuestras sociedades. Nuestra convicción apunta, como se ha señalado con insistencia, a la hipótesis general que un fortalecimiento reformista de los Parlamentos contribuiría de manera muy efectiva en esa dirección. Como se ha visto, la crisis contemporánea en las instituciones democráticas afecta muy es­pecialmente a los organismos deliberativos y colegiados, con competencias básicas de re­presentación popular. En el marco de la reno­vada vigencia de tendencias caudillistas y presidencialistas, la crisis de credibilidad de nuestros Parlamentos es uno de los símbolos fundamentales del distanciamiento y de la des­confianza crecientes de nuestras ciudadanías frente a la política y sus actores. El Parlamen­to es por definición el«hogar institucional» de los Partidos, el símbolo tal vez máximo del quehacer político. Aun admitiendo las profun­das modificaciones en las matrices del queha­cer político, la tensión tradicional entre efica­cia sistémica y grado de representatividad no puede resolverse consintiendo el menoscabo de los Parlamentos, secundarizando el cum­plimiento ajustado de sus funciones clásicas de representación, legislación y fiscalización. En el ejercicio efectivo de este último rol radi­ca una de las claves institucionales de la soli­dez de los sistemas de resguardo de la trans­parencia en el ejercicio de la función pública de nuestras sociedades. Este fortalecimiento en la reforma de los Par­lamentos contribuirá además a reforzar la de­fensa de la política en la región como camino válido para reconstruir«capital social», esa red de confiabilidad, asociatividad y valores cívi­cos que cimenta un desarrollo profundo y autosostenido. 17 La transparencia y la lucha efectiva contra la corrupción no sólo son fuen­tes de legitimidad; configuran claves indispen­sables para el crecimiento económico y para la integración social. La experiencia de la his­toria reciente del continente es pródiga en fundamentación abundante en este sentido. Y en este desafío, la índole decisiva de la antici­pación y prevención como cualidades distinti­vas de una nueva legitimidad en el ejercicio de la función pública constituyen hoy más que nunca una exigencia primordial. Un Parlamen­to efectivamente reformado y a la altura de los tiempos que corren puede colaborar mucho en esa dirección. Entre otras cosas para recon­firmar en el seno de nuestras sociedades aque­lla vieja convicción cívica de que cuanto más democracia, menos corrupción. 17 Para un desarrollo más extenso del concepto de«capital social», ver los trabajos ya clásicos de Robert Putnam o de Bernardo Kliksberg, entre otros. 38