3.2. Impactos en el mundo del trabajo La desregulación del mercado laboral y la flexibilización consecuente de las relacio­nes entre empresarios y trabajadores despojaron a los sindicatos desde 1991(año en que, en el marco de la liberalización, el gobierno suspendió la convocatoria a los consejos de salarios) del ámbito institucional en el que se negociaban los salarios. Esta decisión, así como las políticas efectivamente implementadas, es coincidente con los criterios impulsados por algunos organismos internacionales(Banco Mundial [ bm ]). Esos criterios orientaban hacia: la desregulación de los mercados y en especial el mercado de trabajo; la adaptabilidad de la fuerza de trabajo vía flexibilidad labo­ral; la limitación y disminución de los privilegios monopolísticos de los trabajadores del sector formal(por considerar que las mejoras logradas fueron a expensas de la inversión y los consumidores), y las transferencias de ciertos recursos a los sectores informales más desfavorecidos(BM, 1995). En ese marco, el Poder Ejecutivo se limitó a establecer, vía decreto, el salario mínimo nacional y el salario mínimo del sector doméstico así como el del sector rural. Como excepción, siguió participando en sectores estratégicos que debían ser resguardados, ya sea por su impacto en la economía o en la sociedad. En síntesis, este período se caracterizó, con excepción de los sectores ya señalados, por la descentralización y el carácter bilateral de la negociación colectiva; cuando esta existía, se producía a nivel de empresa y no por rama de actividad. Desde entonces el Estado se retiró de la negociación y el nivel salarial quedó sujeto al libre juego de las partes, y, en definitiva, a la fortaleza o debilidad de las organiza­ciones de trabajadores. Estas se vieron fuertemente afectadas por la convergencia de tres factores: la desaparición física de numerosas actividades productivas vinculadas al sector manufacturero orientado al mercado interno, en las que residía buena parte de los núcleos tradicionales del sindicalismo obrero; la pasividad de los gobiernos frente a la deliberada política de desmantelamiento de las organizaciones sindicales emprendida por las patronales, especialmente en los sectores en expansión vincula­dos al comercio y los servicios en general, y la propia desregulación del mercado la­boral, que al quitar la institucionalidad de la negociación colectiva eliminó un ámbito que incentivaba la acción organizada. Así fue que en estos años el sindicalismo se redujo cuantitativamente, con una brutal caída de la tasa de sindicalización, que pasó de 35% en 1987 a 15% en el año 2000. Este descenso fue especialmente grave en el sector privado de la economía, en el que Los consejos de salarios fueron establecidos por ley de 1943 como una instancia obligatoria de negociación salarial tripartita entre empresarios y trabajadores con la mediación del Estado, que luego daba, por decreto del Poder Ejecutivo, carácter legal a lo allí laudado. Su funcionamiento fue suspendido en 1968 por resolución del gobierno de la época en el marco de una política de esta­bilización basada en el congelamiento de precios y salarios. Luego fueron restablecidos en 1986 por el primer gobierno democrático posdictadura, pero volvieron a ser suspendidos en 1991 en el marco de la política de desindexación de la economía y de desregulación del mercado laboral. La ley nunca fue derogada. La intervención pública se mantuvo en las áreas de salud, transporte y construcción, en tanto que en sectores como la banca se continúo negociando según la importancia del sector y la fuerza de la organización sindical. El convenio colectivo del sector metalúrgico(2003) constituye una excepción importante. 3. Breve repaso del modelo de relaciones laborales 1992-2004 G ustavo M éndez L uis S enatore F ederico T raversa 13 La política laboral de un proyecto socialdemócrata periférico: un análisis de los cambios institucionales en Uruguay 2005-2009