política que apoye a generar servicios o potenciar a las familias en el desarrollo. Estas afirmaciones dan cuenta de la existencia de importantes diferencias en las visiones de los dos principales grupos de actores que actualmente promueven la construcción de políticas de cuidados en Uruguay. IV.2. Desencuentros conceptuales fundamentales La insistencia de los actores políticos en la disociación entre las políticas de cuidados y las políticas de equidad de género refleja una visión unidimensional de las primeras que parte de la identificación de una única población objetivo:«me parece muy im­portante que en el Sistema de Cuidados esté priorizado el punto de vista de quien va a ser cuidado, porque son los sectores más vulnerables en términos de poder.[…] las políticas sociales de cuidados[…] tienen que tener como foco quien va a ser prote­gido». ¿Por qué es problemático este enfoque? Primero, porque el punto de partida para el diseño de las políticas sociales siempre debería ser el diagnóstico de la reali­dad social, y en el caso de los cuidados esto implica no solo visualizar los impactos negativos del déficit de cuidados en las poblaciones de dependientes, sino identificar las fallas en las estructuras de distribución y organización de los cuidados entre los principales proveedores—familias, Estado, mercado y comunidad—. Pero además, en el caso de las familias se requiere un análisis de las dinámicas de distribución en su interior; aunque la familia es una unidad de organización social, no realiza sus fun­ciones de manera unitaria, sino que estas se distribuyen de forma más o menos igual entre sus integrantes. Asimismo, la evaluación y planificación del rol del Estado como proveedor de cuidados no puede dejar fuera a los y las cuidadoras familiares. Salvo en casos extremos como el abandono, el acceso de las y los beneficiarios(los niños y niñas) a los servicios públicos de cuidado siempre implica la intermediación del o la cuidadora familiar, quien de hecho es el usuario de los servicios. Las políticas que se diseñan únicamente desde la óptica de las y los beneficiarios, sin contemplar la situa­ción ni las necesidades de las y los usuarios, corren el riesgo de no ser efectivas. En segundo lugar, el enfoque que relega la perspectiva, las necesidades o los intere­ses de las personas que brindan los cuidados tiene implicaciones importantes para la construcción de una cultura de derechos en donde todos y todas tienen iguales derechos, que no solo están legalmente consagrados sino que son activamente prote­gidos por el Estado en su accionar, reconociendo su indivisibilidad e inalienabilidad, y promoviendo su apropiación y ejercicio efectivo por la ciudadanía. En las políticas cen­tradas exclusivamente en las poblaciones dependientes, mientras que se reconoce el derecho a recibir cuidados como un derecho social que además garantiza el ejercicio de otros derechos y por ende se construyen a las personas que precisan de cuidados como sujetos de derechos, el brindar cuidados se concibe únicamente—y a menudo solo implícitamente— como una obligación. En cambio, la construcción feminista rei­vindica los cuidados como un derecho social universal, no solamente en tanto todos y todas precisamos de cuidados en algún momento de nuestras vidas, sino en términos de la conjugación de los derechos de ambas partes de la relación cuidador/a-depen­diente. Esto no implica negar que el brindar cuidados sea una obligación que tienen los progenitores hacia sus hijos/as, sino considerarlo, además, un derecho: las políticas IV. Los cuidados en la agenda del gobierno frenteamplista... N iki J ohnson F lorencia C abrera B. N oelia M aciel B. 47 Los cuidados de la niñez: un desafío para la transversalidad de género en el Estado uruguayo, 2005-2009