Haciendo síntesis se puede decir que la actual situación en Europa está asociada a dos problemas macroeconómicos fundamentales: la debilidad de las finanzas públicas, que genera presiones para un recorte del gasto y la elevación de los impuestos, y el desapalancamiento financiero generalizado del sector privado, a pesar de las muy bajas tasas de interés. La caída en la demanda agregada privada y una mayor propensión al ahorro, han generado una tendencia deflacionaria, que de no ser contrarrestada con rapidez puede terminar provocando una nueva recesión mundial. Pero enfrentar está problemática plantea importantes dilemas de política económica, tal y como se está observando. Desde una óptica, se demandan políticas de austeridad fiscal como requisito previo a la recuperación de la confianza de inversionistas y consumidores; desde otra posición, se plantea que sin una política fiscal expansiva es imposible sacar a la economía europea de la actual recesión(Koo, 2012). Como es ya bastante conocido, en las circunstancias actuales la política monetaria es totalmente inefectiva como instrumento para generar estabilidad y menos aún crecimiento económico sostenido. Por otra parte, la política cambiaria no cuenta al prevalecer la moneda única. Es por ello que la discusión y los dilemas de política económica se centran, casi exclusivamente, en el ámbito fiscal y regulatorio. La posición que ha tendido a predominar en el seno de los principales gobiernos e instituciones económicas europeas ha sido enfatizar los programas de consolidación fiscal, asumiéndose que esa es la vía para recuperar la confianza y la credibilidad, requisito sin el cual no se recuperarán la inversión, el consumo y los niveles de empleo. Los críticos, que cada vez ganan más adeptos, especialmente en los espacios políticos alternativos, plantean la ineficiencia de tales políticas resaltando que no habrá recuperación económica sin un agresivo plan de estímulos que implique, entre otras cosas, el crecimiento del gasto público. Esta proposición se plantea a conciencia de que tal política implicaría un empeoramiento transitorio de las finanzas públicas, al menos, en algunos de los países periféricos de la Zona Euro(Stiglitz, 2012; Krugman, 2011). En el marco de la discusión concreta de política económica, tres aspectos sobresalen como claves para avanzar en la resolución de la crisis actual:  La posibilidad de que al Banco Central Europeo le sea permitido monetizar parte del déficit de los países en problemas, bien sea: garantizando la deuda o comprando directamente bonos emitidos por los gobiernos.  La emisión de eurobonos garantizados conjuntamente por los países superavitarios y deficitarios, lo que implica ceder soberanía nacional, dada la inexistencia de una instancia de gobierno federal.  Ante la dificultad de contar con una entidad política supranacional, se hace necesario disponer de una Oficina del Tesoro Europeo, con atribuciones para crear y aplicar impuestos, ejecutar programas de gasto y endeudarse. Hasta ahora no pareciera que en algún momento se alcanzará el consenso político necesario para adelantar en tales temas. La imposibilidad de avanzar en estas“soluciones” muestran lo distante que la Unión Europea se encuentra de cumplir las condiciones mínimas para ser considerada un área monetaria óptima (Jaumotte, 2011). 3