49 A modo de conclusiones Implementar un Plan de Igualdad de Oportunidades en un espacio institucional es, en primera instancia, asumir un man­dato ético. Se trata del reconocimiento del derecho de una porción de la ciudadanía que ha quedado relegada. Pero tam­bién es una herramienta política para incidir sobre las des­igualdades de género, que se reconocen como parte de un sistema complejo que se reproduce si no se interviene. Cuando un municipio como el de Montevideo se decide a emprender un desafío de este tipo, su voluntad tiene impac­tos en diversas esferas. Su reconocimiento de la existencia de una brecha social entre varones y mujeres tiene gran significa­ción en un contexto donde son escasas las manifestaciones de este tenor. Pero esta decisión compromete también la vo­luntad de transformar en políticas concretas ese enunciado, que debe retraducirse en aspectos concretos y operativos. No hay decisión política efectiva de gobierno que no tenga tra­ducción presupuestal. Así, el Plan de Igualdad de Oportunida­des tendrá un correlato a ese nivel. Hemos emprendido el desafío de buscar ese correlato, rastreando las«marcas» del Plan de Igualdad de Oportunida­des y Derechos(PIOD) en los datos disponibles del gasto municipal. Debemos decir que estas marcas no son visibles en el desglose tradicional que el municipio realiza de su presu­puesto. Los grandes rubros en los que está discriminada la información, resultan mudos respecto a la sensibilidad al gé­nero. Son«cajas negras», inexpresivas respecto a los conte­nidos específicos de las intervenciones, a sus beneficiarios, resultados, etc. Así se hizo necesario buscar datos referidos a diversas áreas o servicios, programas y proyectos que permitieran exa­minar estos aspectos. A un año del lanzamiento del PIOD ana­lizamos –a modo de fotografía– algunos de las acciones mu­nicipales con el propósito de relacionar sus objetivos con la correspondiente ejecución de gastos que implicaron. Para ello fue necesario recurrir a los servicios que estaban involucrados y recoger la información lo más desagregadamente posible. El universo que se abre, en esta búsqueda, es inmenso. Por eso se seleccionaron sólo algunas, en función –principalmente– de su capacidad para articular con otras áreas municipales y trasversalizar la perspectiva de género. También se consideró la continuidad y calidad de la información disponible. Es necesario destacar que el acceso a estos datos sólo es posible cuando se cuenta con la voluntad manifiesta del pro­pio municipio y de los jerarcas involucrados. La lógica buro­crática tiende a ocultar este tipo de información, así como los procedimientos con los que opera y sus metas u objetivos. Sólo la voluntad política puede poner en juego información de este tipo. En este caso, hemos contado con una gran apertura y la decisión de trasparentar la gestión. Encarando el desafío de construir un corpus de análisis, podríamos haber seleccionado sólo aquellas acciones que se han dado en llamar«etiquetadas», es decir las que están focalizadas en mujeres y/o niñas, como lo han hecho algunos trabajos similares. Hemos optado por otro camino, conside­rando que las acciones positivas son sólo una parte de la propuesta contenida en el PIOD, y era necesario hacer un es­fuerzo por mostrar una gama de intervenciones más amplia. El Plan de Igualdad de Montevideo se fundó sobre algu­nos criterios rectores que se pueden sintetizar en: P la continuidad de algunas líneas que se venían desarro­llando a nivel municipal, enmarcadas en un nuevo hori­zonte representado por el propio PIOD; P la búsqueda de integralidad, en el entendido que los fe­nómenos sociales son complejos y no pueden ser abor­dados desde sus manifestaciones puntuales; P la articulación entre programas y sectores, dado que uno de los riesgos es la fragmentación, desarticulación e in­cluso la multiplicación de los esfuerzos; P la integración progresiva y transversal de una perspectiva de trabajo que integre el principio de igualdad entre los sexos en todas las acciones del municipio; P y el énfasis en los derechos, que implica el promoción de la ciudadanía activa.